Respecto a una serie de chats que evidenciarían presuntas coordinaciones entre funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y representantes de la empresa Galaga, encargada del transporte del material electoral durante los comicios del 12 de abril, el abogado penalista, Julio Rodríguez, advirtió sobre posibles indicios de un acuerdo irregular en la contratación.
En declaraciones a Canal N, el especialista indicó que dichos mensajes podrían constituir indicios de un acuerdo previo irregular en el proceso de contratación, abriéndose la posibilidad de configurar el presunto delito de colusión desleal. “Lo que se observa es una negociación indebida para que una empresa gane la buena pro”, refirió.
A decir del especialista, las coordinaciones habrían buscado controlar la distribución del material, causando retrasos en Lima con largas colas, demoras en mesas de sufragio y desistimientos de votantes.
“Lo único que uno puede comenzar a deducir es que acá hubo un acuerdo para que ello fuese de esa manera. Y los chats evidencian las coordinaciones que se hacían con el personal de ONPE”, sostuvo.
Además de colusión, se evalúa el delito de perturbación al derecho de sufragio (artículo 359 del Código Penal) por el impacto de las fallas logísticas en el voto ciudadano.
“La Fiscalía puede ampliar la investigación si encuentra nuevos elementos. No solo se trata de un acuerdo irregular, sino de una afectación directa al derecho ciudadano de sufragio”, indicó Julio Rodríguez.
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