El Ministerio Público desplegó este domingo a 7,000 fiscales en todo el país durante la segunda vuelta presidencial de este 7 de junio. La medida busca supervisar las acciones fiscales y garantizar el cumplimiento de las normas electorales en cada jurisdicción.
Desde las primeras horas de la jornada, fiscales de distintos niveles han sido movilizados para vigilar el desarrollo del proceso electoral. Este despliegue cubre los 34 distritos fiscales con el objetivo de prevenir irregularidades y asegurar la legalidad de los comicios.
Como parte de las acciones de supervisión, autoridades del Ministerio Público sostuvieron una reunión virtual con representantes de varias regiones del país. En este encuentro participaron juntas de fiscales superiores de Cajamarca, Junín, Lima, La Libertad, Cusco, Tumbes y Amazonas.
Durante la reunión se revisaron los principales aspectos vinculados al desarrollo de la jornada electoral. Entre los puntos abordados se incluyó el control del traslado del material electoral y la verificación del cumplimiento de las disposiciones vigentes.
“La supervisión de la llegada del material electoral a los distintos centros de votación a escala nacional, así como el cumplimiento de la normativa vigente en los 34 distritos fiscales fueron los principales temas abordados para dar seguimiento a la actuación fiscal iniciada desde la madrugada de hoy”, indicó la institución.
Supervisión previa al proceso electoral
El Ministerio Público también informó que en los días anteriores a la votación se realizaron acciones de control en coordinación con la ONPE. Estas labores incluyeron la vigilancia del traslado del material electoral desde los principales almacenes hacia los puntos de distribución.
Estas intervenciones permitieron anticipar posibles incidencias y reforzar la presencia fiscal en momentos clave del proceso. De esta manera, se buscó asegurar que la logística electoral se desarrolle sin contratiempos.
El despliegue fiscal contempla la intervención de diversas especialidades del Ministerio Público en todo el país. Las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción participan en la identificación y atención de posibles infracciones.
Las acciones incluyen la detección de delitos electorales y la intervención ante hechos que puedan afectar la administración pública. Asimismo, se mantiene vigilancia para responder ante situaciones que requieran acciones inmediatas.
