El presidente de la República, José Jerí, rinde declaración ante el Ministerio Público en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio del Estado.
La diligencia está a cargo del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien se traslada hasta Palacio de Gobierno para tomar la declaración indagatoria. El mandatario ejerce esta facultad amparado en una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida a raíz del caso de la exmandataria Dina Boluarte, que le permite elegir el lugar del interrogatorio y limitar su participación a un máximo de dos sesiones.
Cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios
El interrogatorio busca esclarecer las reuniones no registradas del jefe de Estado con empresarios chinos investigados. El caso principal, conocido como ‘Chifagate’, involucra una cita reservada el pasado 26 de diciembre de 2025 con el empresario Zhihua Yang en un restaurante chifa de San Borja.
En su defensa, Jerí alega que el encuentro giró en torno a la celebración del “Día de la Amistad Perú-China” y justifica la falta de registro oficial bajo el argumento de que forma parte de su “dinámica de trabajo”. Sin embargo, omite mencionar que tres días antes de la cita, Yang envió un oficio al Ministerio de Energía y Minas solicitando postergar el inicio de obras de la estación Pachachaca 2 -a cargo de su empresa Hidroeléctrica América- del 1 de mayo de este año hasta junio de 2029.
Visitas de empresario con arresto domiciliario
La Fiscalía también indaga sobre los ingresos a Palacio de Gobierno del empresario Ji Wu Xiaodong, quien cumple arresto domiciliario mientras es investigado por tráfico ilegal de madera y presunta integración en la organización criminal Los Hostiles de la Amazonía. Según reportes periodísticos, Xiaodong visitó la sede del Ejecutivo hasta en tres oportunidades entre diciembre y enero, acompañado por Zhihua Yang.
El empresario chino enfrenta acusaciones por presunta participación en una red de corrupción que habría operado para facilitarle ventajas indebidas en el acceso y explotación de concesiones madereras en Madre de Dios, presuntamente concertando con funcionarios públicos a través de pagos, viajes y otros beneficios. La Fiscalía le imputa los delitos de cohecho, colusión agravada y organización criminal, y solicita 23 años de cárcel en su contra.
Durante una audiencia judicial en 2022, Xiaodong confirmó que domina perfectamente el español y que es traductor juramentado inscrito en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto contradice la versión del presidente Jerí, quien aseguró que el empresario “no habla bien el español”.
Otro punto a esclarecer es el incidente del 6 de enero de 2026, cuando el presidente ingresó al local de la empresa Market Capón SAC, que había sido clausurado horas antes por la Municipalidad de Lima. Aunque Jerí asegura que acudió a “comprar caramelos”, las autoridades buscan determinar si existió alguna injerencia indebida para favorecer al negocio.
Equipo fiscal y alcance de la diligencia
Fiscal de la Nación interino acude a Palacio acompañado del fiscal adjunto supremo Ronal Ramón Flores Ñañez y el fiscal provincial Pedro Ramos Miranda. El mandatario tiene derecho a estar acompañado de su abogado durante todo el proceso.
“Invoco al presidente que participe en la diligencia, que es su verdad la que tiene que dar. Vamos a actuar con todo el respeto a la institución de la presidencia y de lo investigado”, expresó Galvez en declaraciones pasadas a la prensa.
Una vez que se cumplan las dos declaraciones permitidas por el Tribunal Constitucional, el proceso deberá detenerse y solo podrá retomarse después de que Jerí deje de ser presidente en julio de 2026.
Citaciones pendientes y pedidos de información
El Ministerio Público ha citado a los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong en calidad de testigos, y ha solicitado información adicional a diversas entidades del Estado. Además, el fiscal Gálvez no descarta citar al ministro Vicente Tiburcio en el marco de esta investigación.
Pese a la gravedad de las acusaciones y la presentación de siete mociones de censura y vacancia, ninguna ha logrado reunir los adherentes suficientes para convocar un pleno extraordinario del Congreso.
