El país vive un nuevo enfrentamiento entre dos poderes del Estado. El fallo del Poder Judicial que ordena la reposición de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no tardó en tener respuesta de parte del Congreso. El presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Alejandro Soto, anunció que apelarán la decisión a la cual tildó de “arbitraria”.
El fallo en cuestión declaró fundada la demanda de amparo presentada por Vásquez y Tello, pero, además, el documento ordena al Congreso abstenerse de “incurrir en el futuro en las mismas infracciones”.
GOLPE DE ESTADO
Consultado por Correo, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, lamentó este nuevo entredicho entre el Poder Judicial y el Congreso y habló de una suerte de golpe de Estado: “Es muy lamentable que el Congreso no se haya hecho respetar desde el inicio. Que un poder del Estado le pida a otro que no apele o impugne una decisión arbitraria es casi un golpe de Estado, esto es una burla reiterada del Poder Judicial. Un golpe de Estado significa que uno de los poderes se atribuya y usurpe los poderes de los otros”, afirmó.
Luego dijo que el Congreso ha actuado de acuerdo a sus atribuciones constitucionales, aunque consideró que el anuncio de apelación del fallo no tiene mucho sentido porque será resuelto en otra sala de la Corte Suprema que está en la misma situación: “Son jueces que están sometidos a una institución que actúa con criterio político como ya lo ha demostrado en abierta parcialidad y arbitrariedad la actual Junta”.
Finalmente, el extribuno sugirió que el Procurador del Congreso interponga un recurso extraordinario pidiéndole al TC adecuar la jurisprudencia emitida sobre este caso, pero señalando una regla general para evitar el abuso del derecho de aquellos que buscan a jueces amigos o jueces subordinados cuyos procesos de ratificación está pendiente.
UNA ANARQUÍA
Otro extitular de Tribunal Constitucional que se manifestó sobre este tema fue el doctor Ernesto Blume quien señala que el Poder Judicial está trasgrediendo peligrosamente los poderes de otro poder del Estado. “Es un nuevo exceso del Poder Judicial que está provocando una anarquía en el sistema constitucional pero mucho ojo, las sentencias del Tribunal Constitucional deben ser acatadas y este organismo ya ha dicho que el Poder Judicial no debe entrometerse e impedir las decisiones que el Congreso toma en pleno ejercicio de sus competencias”, dijo en canal N.
Luego, agregó: “Estamos en un escenario en el que un órgano se revela frente a las decisiones el otro, pero este fallo de la Corte Superior es impugnable vía un recurso de apelación que debe ser elevado a la Corte Suprema”.
DECISIÓN CONGRESAL
El pasado 7 de marzo, el Pleno del Congreso, de conformidad con los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 de su Reglamento, aprobó dos resoluciones legislativas por las que resolvió inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública a Luz Inés Tello de Ñecco y Aldo Alejandro Vásquez Ríos, ambos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por infracción constitucional.
Sin embargo, el lunes pasado, la Primera Sala Constitucional de la Corte de Lima revocó la decisión del Congreso que los inhabilitó por 10 años en el ejercicio de la función pública. Asimismo, se dispuso la nulidad del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aprobado por la Comisión Permanente, en relación con la Denuncia Constitucional N° 373-2023.
En declaraciones a RPP, el titular del Legislativo Alejandro Soto dijo que exigirá un pronunciamiento del Tribunal Constitucional y, de ser necesario, pedirán ampliar los alcances de la medida cautelar presentada.
Soto agregó que decisiones como las que se han emitido perjudican al Perú en su conjunto y recordó que uno de los magistrados del Poder Judicial votó en discordia. “Eso demuestra que no hay uniformidad en el criterio de los magistrados del Poder Judicial. El Poder Legislativo hará valer sus derechos conforme a ley”.
POSICIÓN DISTINTA
Sin embargo, en declaraciones para Exitosa, el exfiscal anticorrupción, Martín Salas Zegarra, indicó que los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez deben se reincorporados inmediatamente a la JNJ y señaló que el Congreso impugnará la decisión del Poder Judicial, al elevarlo ante el Tribunal Constitucional.
“Las órdenes judiciales, los mandatos judiciales, son de estricto y obligatorio cumplimiento y es para todos los ciudadanos sin importar el cargo que ocupes. Es decir, ellos se incorporan sí o sí a la JNJ ya lo dijo la Justicia Constitucional. Y esto es consecuencia de ese actuar delincuencial que viene desde el poder político que nos gobierna desde el Parlamento”, manifestó.
En el Congreso, el parlamentario no agrupado Jaime Quito dijo que el Poder Judicial está “jugando a la lógica de hacer persecución sin preocuparse de temas fundamentales y principales que requiere la ciudadanía”. Mientras que el legislador Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo y acusado de participar en el intento del golpe de Estado del 2022, tiene una opinión diferente: “Si hay una decisión importante de un juzgado constitucional que resuelve la reposición inmediata de los magistrados Tello y Vásquez tiene que cumplirse, indistintamente de una apelación u otros procedimientos”, señaló el representante de la bancada Cambio Democrático-JPP.
REUNIÓN CLANDESTINA
Alejandro Soto dijo que no hubo voto unánime en el Poder Judicial y tiene razón. El fallo emitido por la Primera Sala en lo Constitucional de Lima contó con dos votos a favor y uno en minoría. A favor del recurso constitucional de Tello y Vásquez estuvieron los jueces superiores Andrés Tapia Gonzales y Oswaldo Ordoñez Alcántara, mientras que el voto en minoría fue de Luciano Cueva Chauca.
Según un informe emitido por Cuarto Poder hace unos meses, en agosto del año pasado el magistrado Cueva sostuvo una reunión no registrada con la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Según Cueva, Benavides buscaba un respaldo en su abierta disputa con los miembros de la JNJ. El magistrado admitió el contacto, aunque argumentó que se trataba de una cuestión institucional y no personal.
