El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, planteó incorporar a reservistas de las Fuerzas Armadas y exefectivos policiales al sistema penitenciario. Según planteó, los militares pueden desempeñarse como agentes penitenciarios mediante un concurso.
Durante una entrevista en Canal N, Álvarez sostuvo que la experiencia y preparación adquirida durante su servicio pueden ser aprovechadas dentro de los establecimientos penitenciarios. Además anunció que esta idea será expuesta ante el Consejo de Ministros.
“Las capacidades y competencias que han adquirido con dinero del Perú tienen que ser utilizados en aquellos lugares donde sí es necesario tener conocimientos técnicos”, afirmó.
En ese contexto, mencionó que algunos oficiales y suboficiales retirados han realizado cursos en países como Estados Unidos, China y Rusia. A su criterio, ese conocimiento podría ser utilizado en funciones dentro del sistema penitenciario en lugar de permanecer limitado a labores de seguridad privada.
Orden antes de la resocialización
Álvarez señaló que su gestión buscará recuperar el control de los establecimientos antes de plantear medidas de rehabilitación para los internos. Consideró que sin autoridad dentro de los penales no es posible desarrollar adecuadamente los procesos de resocialización.
“El problema del crimen en el Perú, (es que) ha ido creciendo gracias a una serie de elementos; uno de ellos es que no hay rehabilitación, es un relato falso que nos han venido diciendo hace más de 30 años que el fin de la pena es la resocialización, enfocando todo el sistema en el delincuente en lugar de enfocar al usuario que es el ciudadano común, la víctima”, sostuvo.
El ministro también propuso modernizar la administración penitenciaria y establecer establecimientos diferenciados según el tipo de delito. Los internos que no hayan cometido delitos violentos podrían ser trasladados a penales más sencillos, mientras que los de mayor peligrosidad permanecerían en cárceles como Lurigancho.
Álvarez informó además que el Ejecutivo inició coordinaciones con el Ministerio Público y la Policía Nacional para abordar la investigación preliminar de los delitos. En estas conversaciones también participan el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.
La finalidad es definir qué institución debe asumir la conducción de las primeras diligencias ante un hecho delictivo. El ministro indicó que este trabajo se viene desarrollando entre las entidades involucradas.
