Los ataques con explosivos a negocios en Lima y otras ciudades, así como los atentados contra locales públicos, como la Fiscalía en Trujillo, y la amenaza con granada contra una cárcel en la capital, no solo representan el recrudecimiento del accionar de las bandas criminales, sino significa el uso del “terror” para amedrentar a las víctimas y conseguir objetivos malsanos.
Estos ataques también han mostrado que la lucha contra el crimen organizado es una de las principales falencias de las autoridades, en particular del Ministerio del Interior, encargado de mantener el control interno en nuestro país.
Ante este escenario que nos recuerda el terrorismo de los 80 y 90, y ante el clamor ciudadano por mayor eficacia en la lucha contra el crimen, el Ejecutivo propuso al Congreso un proyecto de ley para tipificar el “terrorismo urbano” y establecer sanciones drásticas para sus autores.
Dicha iniciativa fue presentada al Legislativo el 3 de octubre pasado y recién hace unos días ha merecido la atención del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, quien, tras el atentado a la Fiscalía en Trujillo, anunció que el proyecto será debatido junto a otras propuestas a fin de tener listo en marzo un paquete de normas legales para reprimir con severidad al crimen organizado.
Se trata del Proyecto de Ley N° 9085/2024-PE, que tipifica el terrorismo urbano y establece para los autores de los delitos de sicariato y extorsión, penas drásticas que incluyen prisión no menor de 30 años y cadena perpetua para casos agravados.
DEFECTOS
En opinión de especialistas consultados por Correo, dicha propuesta castiga delitos ya previstos en el Código Penal y sancionados incluso con cadena perpetua en casos graves.
Además, señalaron, al tipificar “terrorismo urbano” se deja en el vacío los actos de terror en las zonas rurales, por ejemplo la voladura de torres eléctricas en la región La Libertad.
Según el penalista Andy Carrión y el especialista en seguridad y terrorismo, Pedro Yaranga; el debate de esta propuesta no cumpliría los objetivos que se propone y sería una pérdida de tiempo. Señalaron que más que debatir y aprobar nuevas normas se requiere aplicar las leyes existentes.
Por su parte, el exministro del Interior Mariano González sostuvo que esta propuesta “no sirve porque son respuestas efectistas” orientadas “para que ciertos sectores de la población tengan la percepción de que se está haciendo algo”. Mientras tanto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Oscar Urviola, afirmó que es conveniente el debate porque en el país está surgiendo el terrorismo asociado a actividades ilegales.
LA PROPUESTA
El proyecto de Ley 9085/2024-PE propone modificar varios artículos del Código Penal e incorporar el artículo 315-C, “a fin de fortalecer las acciones de lucha contra la inseguridad ciudadana”.
Busca sancionar el sicariato con prisión no menor de 30 años y cadena perpetua en casos agravados. Asimismo, propone reprimir los delitos de extorsión con cárcel no menor a 15 años ni mayor a 20 años, y con cadena perpetua en casos agravados.
El artículo 315-C de la propuesta que tipifica el “terrorismo urbano” establece que “el que realice actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella, a través de la comisión de los delitos previstos en los artículos 108-C, 108-D, 152 y 200 del Código Penal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor a 30 años”. Establece la cadena perpetua en casos agravados.
DEBATE
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo que esta y otras propuestas serán revisadas en las comisiones de Justicia y Derecho Humanos, y de Defensa y Orden Interno del Parlamento.
Otras iniciativas estás referidas a la creación de unidades de flagrancia que permitan dictar sentencias en algunas semanas; al incremento de penas para delitos de tenencia ilegal de armas; tenencia, posesión y uso de explosivos; y atentado contra unidades de transporte.
Participación
Titular del Congreso anunció debate con participación del Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial y otros sectores.
