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El congresista Wilson Quispe (Perú Libre) presentó un proyecto de ley que tiene como finque el Estado subvencione el pago de energía eléctrica a los pobladores u hogares que radiquen en las zonas done se utilice el recurso hídrico para la generación de energía eléctrica y que, además, se encuentre en situación de pobreza o pobreza extrema.
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“La presente ley tiene por finalidad crear un marco legal que permita la subvención de energía eléctrica, en beneficio de los pobladores u hogares vulnerables que radiquen en las zonas donde se utilice el recurso hídrico para la generación de energía. Para este propósito se usarán los ingresos y rentas que obtiene el Estado del canon hidro energético, determinado en el artículo 12 de la Ley N° 27506, Ley del Canon y sus modificatorias”, se indica en la iniciativa.
La propuesta plantea que los beneficiados cumplan como requisito ser peruano, contar con dos años de residencia en la localidad, distrito, provincia y departamento donde se ubica la zona donde se utilice el recurso hídrico, además de encontrarse en condición de pobreza o pobreza extrema reconocida en el último registro del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) u otra base de información con la que cuenten las entidades Estado.
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“El importe está constituido por el 20% del canon hidro energético percibido por el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales de los departamentos donde se utilice el recurso hídrico para la generación de energía, conforme lo dispone el artículo 2 de la presente ley”, se detalla.
Asimismo, se precisa que la subvención queda extinguida a partir del momento en que se deja de generar canon hidroenergético en los departamentos donde se utilice el recurso hídrico para la generación de energía.
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“La presente iniciativa legislativa, no implica gasto adicional al erario nacional, el canon ya está regulado por nuestra legislación, solo se plantea que parte de ese canon sirva a los pobladores (....) la subvención de la energía eléctrica a los hogares de las zonas de impacto no sólo permitirá mejorar sus condiciones de vida, también contribuirá con el proceso de paz social, necesaria para una vida de calidad”, se precisa en el análisis costo-beneficio del proyecto de ley.
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