Esterilizaciones forzadas: PJ suspende lectura de resolución sobre Alberto Fujimori hasta el 29 de setiembre

En la sesión de este martes el magistrado dio cuenta de la reseña histórica del caso y los acuerdos ratificados por el Estado peruano en materia de derechos humanos. (Foto: GEC)

Actualizado el 21/09/2021, 01:49 p.m.

El Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado suspendió la lectura de la resolución sobre el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y varios de sus exministros de Salud por el caso de las esterilizaciones forzadas hasta el próximo 29 de setiembre a las 10:00 horas.

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La audiencia, conducida por el juez Rafael Martínez, titular del referido juzgado, se reanudó a las 09:00 horas, con la participación de los abogados de los implicados y de las víctimas de este tipo de prácticas.

En la sesión de este martes el magistrado dio cuenta de la reseña histórica del caso y los acuerdos ratificados por el Estado peruano en materia de derechos reproductivos y sexuales, entre ellos el Pacto de San José, la Convención de Viena, la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros.

Refirió que según la normativa del Pacto de San José, se debe hacer una “interpretación más favorable” para el goce del ejercicio de los derechos fundamentales en los países firmantes, sin discriminación alguna.

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Del mismo modo, refirió que la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los países firmantes deben garantizar medidas legislativas para el ejercicio pleno de derechos y libertades. “No se puede interpretar para suprimir derechos o libertades”, subrayó.

Cabe indicar que el Ministerio Público denunció a Alberto Fujimori y tres de sus exministros de Salud por los presuntos delitos de lesiones graves seguidas de muerte, y lesiones culposas por las esterilizaciones forzadas que se practicaron durante su gobierno.

Por este caso también fue imputado el actual congresista Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), además de Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, entre otros.

Todos ellos son acusados de ser autores mediatos de este atentado contra más de 1.300 mujeres como parte de algo que el Gobierno aquel entonces denominó “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar”.

Las esterilizaciones forzadas se aplicaron entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.