En lo que parece un intento por salvarse de la inhabilitación para ejercer de la función pública, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, ensaya una estrategia de última hora: arremeter contra el Congreso de la República.
Precisamente, este poder del Estado sesionará este jueves para debatir y votar el informe final que recomienda sancionarla con una inhabilitación por cinco años debido a la demora para iniciar una investigación al expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo.
DISCURSO
Ayer, la todavía fiscal suprema, Zoraida Ávalos, se presentó en medios de comunicación radial para ejercer su defensa ante una eventual inhabilitación.
En ambas emisoras atacó al Parlamento y se victimizó.
“Me quieren inhabilitar por una infracción y una demora que no existe”, fueron sus primeras declaraciones en Exitosa.
Ávalos dijo que en noviembre de 2021 la prensa reveló un presunto acto de corrupción de la gestión de Castillo. Sin embargo, precisó que ella no podía iniciar una investigación al entonces mandatario por una “sola denuncia periodística”.
“La investigación contra un presidente de frente, eso no se puede hacer. Yo abro investigación contra el ministro Walter Ayala (Defensa) y contra Bruno Pacheco (exsecretario presidencial) por el caso de los ascensos irregulares. En el transcurso abro otra carpeta por los contratos de Petroperú y Puente Tarata. El 4 de enero de 2022, es decir, en menos de dos meses, presento la denuncia (contra Castillo) ante el Congreso”, afirmó.
“No pueden decir que no abrí investigación”, agregó.
Desde su punto de vista, hay un sector del Congreso que pretende inhabilitarla para enviar un mensaje amenazante que quebrante todo el equilibrio de poderes y que va en contra de la autonomía e independencia del sistema de justicia.
“Si tú no te alineas a mis motivaciones, a lo que digo, ya sabes qué (te puede pasar)”, este sería el mensaje que intenta dejar el Parlamento según la fiscal suprema.
Más tarde, dio el mismo speech en RPP.
“Lo grave señores es la señal que está mandando un sector del Congreso. En mi caso, por cuestiones políticas, las señales son que si tú fiscal supremo no te alineas a mis intereses políticos, te boto”, afirmó.
Añadió que se quiebra todo orden constitucional porque de alguna manera se debilita y quebrante el equilibrio de poderes.
“Es una amenaza contra un sistema de administración de justicia que es el pilar fundamental, es la esencia de la democracia”, indicó.
AUTOBOMBO
Por otro lado, la exfiscal de la Nación no desaprovechó su presencia en medios de comunicación para exaltar su trabajo como si se trata de un mérito.
“Yo marco un hito cuando me llega en el 2020 el caso contra Martín Vizcarra. Yo digo que hay elementos, indicios y que esto merece que se investigue. Por eso presento la denuncia contra él”, dijo.
Mencionó que su mandato duró tres años, pero que a comparación de otros exrepresentantes del Ministerio Público (MP) que presentaron tres denuncias contra funcionarios, ministros, congresistas, entre otros, ella presentó 43.
“Muchas de ellas están archivadas. Tengo denuncias contra el excontralor Edgar Alarcón, contra el expresidente Manuel Merino de Lama por el caso de Inti y Brian, así como contra el señor Jorge del Castillo, muchas de esas denuncias están archivadas. Me he generado enemigos políticos, pero yo no he infraccionado a la Constitución [sic]”, afirmó.
Reiteró que la pretenden inhabilitar por un hecho que no cometió.
Además, sostuvo que “no es caviar”, pero tal vez es “una piedra en el zapato para algunas personas”.
En otro momento, elogió su labor al referirse que las investigaciones que hoy se siguen contra el golpista Castillo nacen a raíz de las diligencias que ella inició.
“Yo le he dejado un camino hecho. Yo abrí un camino que nadie había abierto, porque si yo no hubiera abierto ese camino, no se hubiera podido. Yo soy la primera fiscal de la Nación que ha denunciado, que no ha permitido que haya impunidad”, agregó.
Finalmente, aseguró no tener temor porque está segura de no haber cometido ninguna infracción a la Constitución.
LA REALIDAD
La fiscal suprema Zoraida Ávalos reiteró en ambas entrevistas que sí abrió investigación al expresidente Castillo. Sin embargo, no precisó que lo hizo después de que la denunciaran ante el Congreso.
El 21 de diciembre de 2021, cuando ya habían varias denuncias periodísticas sobre la gestión de Castillo Terrones, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció a Ávalos por infracción a la Constitución y el delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales.
Por lo que solicitó su inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública, así como autorización para su procesamiento penal.
La denuncia que formuló Chirinos contra Ávalos se sustentó en que la entonces máxima representante del Ministerio Público no tomaba acciones.
Ávalos dijo que no podía iniciar una indagación a Castillo por “una denuncia periodística”, pero lo cierto es que entre diciembre y noviembre se revelaron serios casos de corrupción.
El caso de las presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas, el direccionamiento de la adjudicación de un contrato para el Consorcio Puente Tarata III y una obra de 74 millones de dólares en Petroperú.
Pese a que estos graves hechos se denunciaron con evidentes pruebas, Ávalos anunció una investigación por los tres casos el 4 de enero de 2022.
Otro dato no menor es que el inicio de la indagación quedaba suspendida hasta que termine el mandato de Castillo Terrones.
Por ese motivo, el informe final que recomienda la inhabilitación de Ávalos hace énfasis en ese aspecto.
De acuerdo con el documento de 44 páginas al que accedió Correo, la denuncia contra la fiscal suprema sostiene que a pesar de los graves hechos de corrupción que se revelaron, Ávalos no abrió investigación preliminar, por lo que se observa su “inoperancia, pasividad, silencio y omisión de funciones”.
“Si bien es cierto el presidente no puede ser procesado ni acusado durante su mandato, la ley sí permitiría que el jefe pueda ser sujeto a una investigación preliminar, de acuerdo con ello se advierte que se confiaría un retardo y omisión por parte de la fiscal para poder iniciar de investigación preliminar”, se lee en el texto.
Además, recuerdan que el presidente de la República ostenta el más alto grado político del país, por lo que le compete a la fiscal de la Nación realizar las investigación sobre los presuntos delitos vinculados al presidente, aún en el supuesto de que se encuentro en funciones, porque el artículo 117 de la Constitución no suprime ni delimita la facultad de una fiscal para investigar a un mandatario.
“Se puede apreciar que se ha incurrido en la infracción a la Constitución al no haber actuado diligentemente en su cargo, pues pese a la cantidad de indicios razonables que existían para investigar al actual presidente y los informes que le dieron a conocer otros fiscales, la fiscal Zoraida Ávalos esperó hasta el 4 de enero del 2022 para abrir la investigación correspondiente, pero aún puso en riesgo esa etapa investigatoria al suspenderla en el mismo acto hasta que el presidente concluya su mandato”, refieren.
En ese sentido, consideran que Ávalos no solo incurrió en una infracción constitucional por la demora de sus actos funcionales descritos en el artículo 159 de la Constitución, sino también al suspender la investigación en contra del expresidente Castillo.