Un día como hoy hace 50 años, la madrugada del 27 de julio de 1974 se consumó el último ataque a la libertad de prensa que perpetró el dictador Juan Velasco Alvarado.
Ese día, aplaudido por esbirros del régimen, el velascato expropió los medios de comunicación, específicamente los diarios, e inició un periodo en el que la prensa tomada se dedicó a rendirle loas a su cada vez más alicaída gestión y a su fallido intento de instalar el comunismo en el Perú.
No obstante, la expropiación de los medios fue solo el punto más alto de un plan que se inició a los pocos meses de que Velasco Alvarado diera un golpe de Estado a Fernando Belaunde Terry, el 3 de octubre de 1968.
El proceso.
El historiador Ernesto Guevara Flores explicó que la toma de los medios de comunicación por parte del velascato comenzó, en realidad, al año del golpe de Estado, el 30 de diciembre de 1969, cuando la Junta Militar emitió el llamado “Estatuto de la Libertad de Prensa”, en el que especificaba las normas que los medios de comunicación debían acatar y las multas, así como penas de cárcel, para aquellos directores y periodistas que las incumplieran.
Además, ordenaba que ningún extranjero, ya sea persona natural o jurídica, podía tener acciones en los medios de comunicación peruanos. El “estatuto” ordenaba que estas acciones sean vendidas por sus tenedores, de preferencia, a los sindicatos o cooperativas formadas por trabajadores de los mismos medios de comunicación bajo pena de expropiación y pago de un justiprecio.
El 1 de noviembre de 1969 se ordenó clausurar temporalmente los diarios Expreso y Extra, La Tribuna (APRA) y el semanario Caretas.
Posteriormente, el 9 de noviembre de 1971, el gobierno militar promulgó la Ley General de Comunicaciones o Ley 19020 en la que se declara “de necesidad, utilidad y seguridad públicas y de preferente interés nacional los servicios de telecomunicaciones, así como el uso de los medios de propagación y transmisión, los que por su naturaleza, finalidad y vinculación con la seguridad del Estado y con el desarrollo y la integración del país, están bajo el control del Estado”.
Con esta norma, explica Guevara Flores, la dictadura militar se hizo con el 50% de las radios y las televisoras de ese entonces.
Para 1974, el gobierno militar estaba contra la pared. Velasco veía que sus reformas no se sostenían y enfrentaba una severa crisis política y económica.
Y los medios, pese a todas las limitaciones, daban cuenta de esta situación.
Así las cosas, en marzo de 1974, Expreso y Extra fueron intervenidos y entregados a una comunidad laboral, pero eso no fue suficiente para una dictadura ávida de medios para difundir su propaganda.
Entonces, el 23 de julio, la Junta Militar dio el Decreto Ley 20681 donde “Expropia a favor de la población organizada las acciones de los diarios Correo, Ojo, El Comercio, La Prensa, Última Hora y Expreso”.
En el caso de la Empresa Periodística Nacional S.A., en ese entonces casa editora de los diarios Correo y Ojo, el D.L. ordenaba que sus acciones se entreguen “a las organizaciones profesionales y culturales (...) Correo se asignará a los profesionales (abogados, ingenieros, médicos, economistas, etc.) y Ojo a los escritores, artistas e intelectuales en general”.
La norma fue promulgada el 26 de julio de 1974.
LA TOMA.
A las 2 de la mañana del día siguiente, 27 de julio de 1974, seis comisiones interventoras, seguidas de militares y policías, junto a los nuevos directores nombrados por la Junta Militar, salieron del Ministerio del Interior rumbo a los seis diarios a ser intervenidos.
El 24 de julio de 2014, Correo entrevistó a Agustín Figueroa, periodista que fue director de Ojo y estuvo presente ese día.
“Nos habían avisado que irían en la noche (...). Me quedé en el periódico y entonces entraron los policías armados y con perros. Entraron a la fuerza y tomaron el control del diario. Poco después llegó Enrique Agois, que era el director en esos tiempos. Enrique tuvo un fuerte altercado con los integrantes de la comisión interventora”, dijo “El Tigre” Figueroa hace 10 años.
Las seis “comisiones interventoras”, recuerda Guevara Flores, estaban conformadas por periodistas y trabajadores administrativos de las empresas intervenidas, en su mayoría, miembros de los sindicatos.
En Correo, el director nombrado por la Junta Militar fue el historiador Hugo Neira Samanez.
En este caso, Figueroa recordó que hubo conatos de violencia entre el entonces director y los miembros de la “comisión interventora”.
“Los propietarios los llamaron traidores. Luego se tranquilizó Enrique Agois y nos dimos cuenta de que nos teníamos que ir (...) y salí con Enrique y uno de sus hijos y solo nos dejaron llevar la fotografía de Luis Banchero Rossi”, recordó Figueroa.
Un año y un mes después de tomar los medios, Velasco Alvarado fue derrocado por otro golpe de Estado, perpetrado por su entonces presidente del Consejo de Ministros y ministro de Guerra, Francisco Morales Bermúdez. Este siguió otros cinco años en el poder hasta que lo entregó a Fernando Belaunde Terry quien, el 28 de julio de 1980, devolvió los medios de comunicación a sus legítimos dueños.
“Velasco quería expropiar a la opinión pública”
La toma de los medios de comunicación por parte de la dictadura de Juan Velasco Alvarado fue un intento de manipular y controlar a la opinión pública, que ya venía cuestionando las reformas económicas y sociales que instauró el régimen, sostuvo el doctorando en Ciencias Sociales y estudioso de la relación entre la Historia y los medios de comunicación, Ernesto Guevara Flores.
“Querían expropiar a la opinión pública porque la población civil no le obedecía, felizmente fracasaron”, señaló.
De origen.
Para el experto, la norma de expropiación tenía fallas desde el origen pues señalaba que las acciones de las empresas intervenidas iban a ser entregadas a comunidades organizadas.
“Fue un eufemismo. La entrega se cumplió, pero se hizo muy mal. La norma era extremadamente populista porque Velasco necesitaba un golpe desesperado para recibir apoyo de la gente”.
De acuerdo a la norma, El Comercio pasaba a las organizaciones campesinas, Correo a las organizaciones profesionales, Ojo a los artistas, La Prensa a las organizaciones industriales, Última Hora a las cooperativas y Expreso a las organizaciones educativas.
“Fue un desastre, era gente absolutamente no preparada y lo más grave era que tenían que responder a las orientaciones del gobierno de Velasco, un gobierno corporativo, autoritario, que no quería partidos políticos, sino que quería controlar a toda la población con organismos como el Sinamos”, explicó.
Como era de esperarse, la calidad y lectoría cayeron por los suelos porque los medios se convirtieron en órganos de propaganda.
“Las dictaduras son nocivas y negativas para libertad de expresión y de prensa”, puntualizó.
