El país sigue sacudido por una ola de delincuencia indetenible y feroz a pesar de que han transcurrido 42 días desde que el Gobierno de Dina Boluarte recibió, oficialmente, facultades para que pueda legislar -entre otros puntos- en materia de seguridad ciudadana por un periodo de 90 días.
Fue el 23 de setiembre pasado cuando se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, la decisión parlamentaria, pero desde ese día se han logrado promulgar, 11 decretos legislativos, varios de los cuales no están sirviendo de nada.
Correo pudo identificar que, de ese total, solo tres están vinculados directamente a incrementar o fortalecer la seguridad ciudadana.
Entre ellos están el que modifica el Código Penal para sancionar con 30 años de cárcel el robo de celulares con agravantes (D.L. 1578), el que regula el control de identidad por parte de la Policía sin permiso de un juez o fiscal (D.L. 1574) y el que expulsa del país a extranjeros que cometan delitos y sanciona a quienes faciliten su reingreso con hasta seis años de cárcel (D.L. 1573).
El resto tiene carácter presupuestal o de gestión como, por ejemplo, el D.L. 1572 que fortalece el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agrario; y el 1577 que dicta medidas para gestionar las inversiones y otras actividades en el marco de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024 (ver infografía).
¿POPULISMO?
Ninguno de esos planteamientos están ligados a la construcción de cárceles, a la lucha contra el narcotráfico, la extorsión, el fraude y otros como la ley de Internet Segura, que fueron promesas de bandera de la propia jefa de Estado, Dina Boluarte, cuando dio su Mensaje a la Nación el 28 de julio pasado.
Así, hasta ahora solo ha podido emitir un 10% de dispositivos ligados a la seguridad ciudadana en casi la mitad de tiempo que el Congreso le permitió legislar sobre esa materia, pues de los 90 días otorgados ahora solo le quedan 48.
En pocas palabras, el Gobierno legisla contra el tiempo, sobre todo cuando su proyección central es producir -en este periodo- un total de 50 normas, las que 33 deberán ser directamente “encaminadas a reducir al máximo las amenazas de la delincuencia”.
Recordemos que en su mensaje, la presidenta aseguró que del total de dispositivos, seis serán “para enfrentar oportuna y eficientemente las emergencias que se deriven de la anomalías climatológicas; diez decretos legislativos sobre desarrollo de la infraestructura; y uno sobre meritocracia”.
Al inicio, la propuesta oficial del Ejecutivo era obtener del Parlamento 120 días para legislar sobre esos temas, pero se le redujo 30 días cuando el tema se votó en el pleno.
REPRECUSIONES
Sobre el uso de facultades, el congresista, y exministro del Interior Fernando Rospigliosi es bastante crítico.
En diálogo con este Diario, indicó que al menos el decreto legislativo 1578 que el Gobierno aprobó para endurecer las penas por el robo de celulares a 30 años, “es una medida totalmente populista”.
En esa línea, sostuvo que la mencionada norma no detendrá esas acciones ilegales.
“Lo que ha sacado es esta ley por ejemplo que se le da 30 años a un ladrón de celulares. Es una ley absurda porque no detendrá el robo de celulares, pero ese es tipo de medidas que está aprobando son populistas que no dan resultados en la vida real”, indicó.
Sugirió a la presidenta de la República dar un buen uso a las facultades conferidas por el Parlamento como, por ejemplo, para modificar el Código Procesal Penal a fin de devolverle a la Policía la atribución de investigar preliminarmente actos delictivos. Ello tras la constante liberación de algunos delincuentes capturados por la PNP.
“Una de las facultades que tiene y es importante es el de modificar el Código Procesal Penal para devolver la investigación preliminar a la Policía. Eso sí es importante, pero hasta ahora no ha ocurrido nada”, cuestionó.
CRÍTICAS
De igual modo, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, opinó sobre la situación que asola al país con respecto a la delincuencia y las medidas que adoptó el Gobierno como el estado de emergencia.
“No voy a juzgar lo que diga la señora presidenta. Solo le digo: ¿Qué ve usted, qué le pregunta (a la gente), qué les dicen sus vecinos? Y ahí está la respuesta”, afirmó sobre las declaraciones de Boluarte en relación a que en el Perú hay paz y calma.
“Necesitamos operativos de rastrillaje, labor social. Hay que entrar a los sitios donde se sabe que hay droga (sic), hay crimen, hay prostitución, debemos entrar y necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero pareciera que esto, pues no sé, no puedo opinar sobre un tema que todavía nadie conoce, pero pareciera que no hay un plan, no se conoce ningún plan”, manifestó Arévalo.
En esa línea, consideró que deben tomarse soluciones drásticas, en efecto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas al trabajo de la propia Policía.
Por ello, el titular del PJ invocó al Ejecutivo a respaldar a las instituciones y a la PNP no solo con equipamientos sino también revalorizarla.
“La PNP tiene que volver a tener el respeto y aquel que infrinja esto debe ser sancionado”, agregó.
De otro lado, Arévalo opinó que es momento de revisar la legislación porque el Código Penal de 1991 regula la criminalidad de otro tiempo, mas no el delito que existe actualmente.
“Este tipo de criminalidad que hay en el Perú tiene muchos elementos que antes no se veían”, remarcó.
