Firma china socia de INIP actúa en el “Eje Bolivariano”

Las revelaciones de Karelim López colocaron bajo reflectores a una desconocida empresa peruana de construcción, INIP (Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C) en agosto de 2021 cuyo propietario es Roberto Aguilar Quispe, de 27años.

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Según declaraciones de López registradas por la Fiscalía, Roberto Aguilar Quispe

es señalado como uno de los integrantes del grupo o mafia enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, presuntamente conformada por Pedro Castillo y el titular de esa cartera, Juan Silva.

Se conoció, asimismo, que Aguilar Quispe fue aceptado como principal socio en el Perú por las empresas chinas CAMC Engineering Co. LTD

y China Civil Engineering Construction Corporation, en razón de los contactos del joven empresario con el entorno del presidente Castillo.

Lo notorio es que la sociedad de la firma INIP con las empresas chinas ha brindado frutos inmediatos pues, en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo -seis meses - ha firmado contratos con el Estado por mas de S/ 580 millones.

EL EJE BOLIVARIANO

Cabe indicar que el ingreso de la empresa CAMC Engineering Co. Ltd, en el mercado peruano es reciente pero su presencia es antigua en los países del llamado “Eje Bolivariano” como Venezuela (desde el gobierno de Hugo Chávez), Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, entre otras.

Un informe de BBC Mundo que la empresa china de ingeniería y construcción CAMC Engineering Co. Ltd. tiene presencia desde hace dos décadas en los mencionados países.

En Bolivia, CAMC Engineering obtuvo la buena pro para construir una línea de ferrocarril de Montero a Bulo Bulo.

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En Venezuela, CAMC Engineering se adjudicó la construcción de una planta de producción de arroz contratada, pero en septiembre de 2018, un tribunal de Andorra determinó que la firma asiática había pagado al menos 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar el proyecto.

Según el diario El Universo, de Ecuador, CAMC Engineering obtuvo contratos de centros policiales, hospitales y parques por US$634 millones.

Las evidencias indicarían que

la firma asiática encontró en el Gobierno de Castillo las puertas abiertas para contratar con el estado peruano.