El fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, expresó su preocupación respecto al proyecto de ley que modifica la normativa contra el crimen organizado que aprobó el Congreso aprobó, en primera votación.
Con esta norma, el Parlamento precisa que los fiscales deberán avisar, previamente, a los abogados de los delincuentes que sus imputados serán allanados.
Ley a favor de criminales
“Lo que quiere esta norma es que antes de allanar los inmuebles tenemos que identificar quienes son los abogados de la organización criminal, porque hay que notificarlos, para que esté en el operativo (...) el factor sorpresa es fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Si avisamos con antelación, seguramente no los vamos a encontrar y seguramente van a eliminar todos los objetos del delito”, manifestó en un reportaje de Cuarto Poder.
El magistrado agregó: “Esta es una norma procrimen organizado porque nos ata de pies y manos tanto a la Policía como al Ministerio Público”, dijo.
La ley también establece que las redes criminales deben ser sancionadas con penas privativas de libertad mayores a seis años. Chávez Cotrina advirtió que esta modificación impide que se juzguen delitos de corrupción como cohecho y enriquecimiento ilícito bajo la premisa de organización criminal.
Además, observó que los cambios en la ley de crimen organizado favorece a redes de narcotráfico, trata de personas, explotación sexual y tráfico de armas.
Resaltó que esta norma es contraria a una convención, pero hasta apelar la ciudadanía está en manos de las redes criminales.
Así también, sostuvo que para estos cambios en la ley fue consultado solo por asesores de la Comisión de Justicia del Congreso, pero no se tomaron en cuenta sus observaciones.
Autores de ley
El proyecto es de autoría de Waldemar Cerrón, hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Durante el debate, los legisladores Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y Héctor Valer (Somos Perú) se mostraron en contra de la propuesta, al argumentar que las modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso y beneficiar a redes criminales vinculadas a la tala ilegal y la trata de personas.
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