Ayer fue un día negro para la fiscal suprema Zoraida Ávalos. El Congreso la inhabilitó para trabajar en el Estado por cinco años y luego la acusó de incurrir en el delito de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales cuando era fiscal de la Nación.
El principal argumento del castigo político fue que en enero del 2022 abrió y suspendió de forma exprés la investigación al entonces presidente Pedro Castillo, por los escandalosos casos Puente Tarata, Petroperú y ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales.
Ávalos halló elementos suficientes para indagar a Castillo pero dispuso que se suspenda el inicio de los actos de investigación hasta que culmine su mandato, en el 2026, basándose en el artículo 117 de la Constitución sobre la inmunidad presidencial.
Entonces, argumentó que esa decisión se tomó “en razón de su inmunidad absoluta, que trasciende el ámbito procesal penal”.
Como se sabe, Patricia Benavides, al asumir la Fiscalía de la Nación, tomó otro rumbo con los resultados ya conocidos.
Ayer en el pleno, la mayoría no creyó en los alegatos de defensa de Ávalos y la halló responsable. Ahora, deberá dejar su cargo de fiscal suprema y la Junta de Fiscales Supremos.
Según fuentes fiscales, se vocean dos nombres para su reemplazo: Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas, de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, respectivamente.
La decisión final pasa por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
CRÓNICA
La inhabilitación y acusación a Ávalos se votó por separado. En el primer caso alcanzó 71 votos y en el segundo, 73. Las bancadas que apoyaron el informe final preparado por el fujimorista Ernesto Bustamante fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú y Avanza País.
También lo hizo Perú Libre y el Bloque Magisterial.
Solo Cambio Democrático- Juntos Por el Perú y Perú Bicentenario se opusieron.
La acusación fue presentada meses antes por Patricia Chirinos (Avanza País) y pasó por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.
Horas antes de que Ávalos llegara al Congreso, aseguró a RPP que legisladores de izquierda intentaron comunicarse con ella para conversar -aparentemente- sobre el referido informe acusatorio. Aseguró que no los atendió.
“Yo no he llamado. Más bien a mí me han hecho llegar mensajes de parlamentarios de izquierda que querían comunicarse conmigo. Nunca acepté ninguna entrevista”, indicó la fiscal suprema.
Segundos después mencionó al legislador de Acción Popular Elvis Vergara como uno de los posibles interesados en ubicarla.
“Me acuerdo de un congresista que trabajó acá en la Fiscalía que dicen que trabajó (...). No sé si es (Elvis) Vergara, no recuerdo porque no los conozco de cara. Me parece que fue él”, narró.
Como sabemos, Vergara está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por su supuesta participación en el caso “Los Niños”.
El tema de Ávalos desató una guerra en la Fiscalía Suprema. La hoy acusada responsabilizó a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, de enviar a emisarios al Congreso para que voten en su contra.
De acuerdo a su versión, intentaron convencer a algunos legisladores investigados de votar en su contra a cambio del posterior archivamiento de sus casos.
DEFENSA
En la sesión del pleno, instalada en el hemiciclo parlamentario, Zoraida Ávalos inició su defensa indicando que durante los años de vida institucional en el Ministerio Público todos sus antecesores archivaron denuncias contra expresidentes, pero que ella era la única persona que hizo todo lo contrario.
Para que sus dichos tomaran fuerza puso de ejemplo a la congresista Gladys Echaíz a quien acusó de archivar investigaciones que afrontaba el fallecido expresidente Alan García cuando estaba a la cabeza de la Fiscalía de la Nación.
Al sentirse aludida por Ávalos, Echaíz pidió la palabra y en su intervención sacó un folder con al menos 10 denuncias contra Alan García archivadas cuando era fiscal de la Nación.
“Una es porque los directores de las Fuerzas Armadas interpretaron bien o mal un decreto legislativo. Otra de las denuncias es porque García alimentó a la población con harina de desagüe. Otra, porque usaba a la PNP para que le inyecte a una persona sustancias para convertirlo en lagarto”, dijo. Agregó que Ávalos solamente acudió al Congreso a mentir.
Finalmente, Ávalos sostuvo que es falso “que me demoré y no investigué (a Pedro Castillo), sino que por razones de estrategia, decidí que no era serio iniciar la investigación directamente a un presidente en funciones sobre la base de una denuncia periodística”.
Explicó que como estrategia quiso comprender a los más altos funcionarios y al entorno cercano del expresidente como al exministro Walter Ayala y al exsecretario general de Palacio, Bruno Pacheco.
“Debo señalar que esa suspensión (de la investigación) solo implicó las diligencias con respecto a Castillo. Investigo hechos, no personas. Esa investigación siguió”, manifestó.
