La Fiscalía está tras los pasos de las congresistas María Cordero (Fuerza Popular) y Heidy Juárez (Podemos) por haber recortado -irregularmente- el sueldo a sus propios trabajadores del Parlamento.
Ayer por la noche dio aviso en un comunicado que inició una investigación preliminar a la primera mencionada por estas actividades irregulares.
Se le imputó ser autora del delito de concusión por supuestos cobros irregulares que se habrían realizado al personal de confianza.
En el texto comunicado, además, que dicha pesquisa también apareció a Braden Alexander Paredes Calla, el técnico de archivos del Congreso de la República, como presunto cómplice de la legisladora.
El inicio de esa indagación fue informada sorpresivamente, pues en la semana no hubo denuncia alguna que señalara a la fujimorista. Todo indicaría que ella fue denunciada anónimamente.
Otra más. Por la tarde, la Fiscalía también informó el inicio de nueva pesquisa a la parlamentaria Heidy Juárez. Al igual que Cordero, a dicha legisladora se le imputó el delito de concusión, es decir, haber usado su cargo para exigir el pago de una contribución a su favor.
En su caso, previamente, hubo denuncias periodísticas que la acusaban de cobros a sus trabajadores, quienes habían sido obligados a pagar grandes cantidades de dinero de hasta mil soles mensuales a Miguel Chafloque, asesor de Juárez, bajo la excusa de “apoyar labores sociales” de la parlamentaria.
Al final, fueron cuatro los trabajadores que acusaron a la parlamentaria.
Horas previas la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales informó que ingresó a la mesa de trabajo una denuncia contra Juárez.
Con ellas, son cinco las mujeres congresistas que están involucradas en el recorte de sueldo de trabajadores parlamentario. Ellas son Katy Ugarte (No agrupado), Magaly Ruiz (APP), Rosío Torres (APP), Heidy Juárez y ahora María Cordero (FP).
La indagación se abrió preliminarmente ayer bajo el presunto delito de concusión. Con ellas, el Congreso ya tiene cinco legisladoras involucradas por recortes salariales