Fiscalía ya baraja solicitar al PJ prisión su efectiva.
Fiscalía ya baraja solicitar al PJ prisión su efectiva.

Por el incumplimiento del plazo de seis meses que le otorgó el Poder Judicial (PJ) para el pago de una reparación civil en favor del Estado, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, está en riesgo de ir a prisión efectiva.

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Y es que después de confirmarse la incautación de dicha reparación, que asciende a 850 mil soles, el Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín quedaría en posición de solicitar al PJ que se varíe la pena de cuatro años de prisión suspendida para Cerrón -por corrupción- por una pena de cárcel efectiva.

En declaraciones a Perú21 TV, la fiscal Bonnie Bautista comentó que “se hará el requerimiento (del cambio del carácter de la pena de Cerrón) porque, si no me equivoco, en la resolución de la sentencia de primera instancia, se les dio un plazo de seis meses para que hagan el pago efectivo de los 850 mil soles”.

Bautista añadió que ese plazo, a la fecha, ya estaría vencido, y que le corresponde al Ministerio Público dar el siguiente paso.

“La norma nos faculta a requerir la revocación de la pena suspendida por una de carácter efectiva”, subrayó.

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APELACIÓN

No obstante, el Ministerio Público debe aguardar el resultado del recurso de apelación que presentaría Cerrón.

Bautista refirió que su despacho aguardará a que la resolución sea apelada (por la defensa del sentenciado) y, eventualmente, podría ser confirmada por la sala.

En tal caso, el Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín   procederá a requerir la pena efectiva, adelantó.

INCAUTACIÓN. Como es de público conocimiento, el lunes último el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundada la solicitud de medida cautelar real de incautación sobre el pago de la reparación civil de Cerrón. En consecuencia, se ordenó la confiscación de los 850,074 soles abonados.

Esta reparación civil le fue impuesta a Cerrón y a sus cosentenciados tras ser condenados por negociación incompatible en agravio del Estado, al favorecer al consorcio Altiplano en obras de saneamiento.