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Los allanamientos de ayer, contra dos empresas privadas y un reputado estudio de abogados, son parte de las diligencias de la Fiscalía en el caso “Línea Amarilla”, una de las investigaciones a la ex alcaldesa socialista de Lima (“tía regia”), Susana Villarán de la Puente, por recepción de sobornos y corrupción política.
Esta investigación está también a cargo del fiscal José Domingo Pérez.
Es un proceso aún en la mitad de la etapa de investigación preparatoria, lejos todavía de la fase de acusación fiscal.
En este contexto, el polémico fiscal Pérez obtuvo la autorización del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, para una operación sorpresiva de allanamiento policial.
Esto se efectuó ayer en las sedes de la firma Lima Expresa SAC (ex Línea Amarilla), Vinci Highways Perú SAC (con sede en Surco) y el estudio de abogados Echecopar (en San Isidro).
CONCESIÓN DE RED DE PEAJES POR 30 AÑOS
Concretamente, el caso Línea Amarilla se refiere al proyecto del mismo nombre, consistente en una red de peajes concesionados por 30 años a la constructora brasileña OAS a cambio del pago de sobornos admitidos por la alcaldesa socialista y ratificados por el empresario brasileño Leo Pinheiras, directivo principal de OAS, por un total 7 U$ millones.
El estudio de abogados Echecopar y las dos firmas mencionadas, estuvieron estrechamente relacionadas con presuntos actos de concertación ilegal entre exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima y los representantes de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, según sostiene el Ministerio Público.
Villarán, que lideró el partido de izquierda Fuerza Social (ahora extinto), es acusada de dirigir una presunta organización criminal en la comuna limeña durante su gestión (2011-2014).
