Escrito por Gabriel Mazzei y Karina Valencia
Se fue. Bruno Pacheco Castillo renunció ayer al cargo de secretario general del Despacho Presidencial tras permanecer varios días en el ojo público al ser relacionado con aparentes presiones en el proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas. También venía siendo cuestionado por solicitar al titular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Enrique Vera, aparentes favorecimientos a determinadas empresas y amistades.
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Pacheco Castillo utilizó sus redes sociales para anunciar su salida del cargo de confianza en el que había sido designado por el presidente Pedro Castillo.
En un primer momento, borró el mensaje en Twitter en el que daba cuenta de este anuncio; sin embargo, minutos después volvió a colocar dos publicaciones en las que reiteraba su decisión y agradecía a Castillo por su tiempo de trabajo.
El saliente funcionario consideró que no realizó actos indebidos y que con su dimisión buscaba evitar que el mandatario “sea objeto de una campaña de desprestigio”.
“Renuncio al cargo de secretario general con la convicción de que no he cometido nada indebido. Doy un paso al costado para evitar que el presidente sea objeto de esta campaña de desprestigio. Me voy con la frente en alto y con la seguridad de que se probará mi inocencia. ¡Seguiré trabajando por el Perú!”, señaló en sus redes sociales.
Asimismo, Pacheco expresó su respeto incondicional al jefe de Estado y agregó que no sería “el “pretexto” de unos y otros para “golpear” al líder del gobierno del pueblo y la democracia”. “¡La verdad nos hace libres!”, expresó.
INVESTIGACIÓN. Tras los tuits de la renuncia, un equipo de la Fiscalía Anticorrupción, encabezado por el fiscal Marco Huamán, junto a la Policía Anticorrupción, se dirigió a Palacio de Gobierno en el marco de la investigación preliminar que abrió contra Bruno Pacheco por el delito de tráfico de influencias por el tema de la Sunat.
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“Necesito entrevistarme con el personal de la secretaría general en actos oficiales de investigación”, indicó Huamán ante el personal de seguridad de Palacio.
Al cierre de esta edición, la diligencia continuaba. Según información del Ministerio Público, el fiscal Marco Huamán buscaba reunir información sobre las presuntas gestiones que habría realizado Pacheco Castillo ante el jefe de la Sunat para favorecer a empresas privadas que tenían deudas tributarias con el Estado.
Además, el equipo fiscal no descartó incautar bienes pues para ello “no requieren autorización judicial porque el Ministerio Público está facultado para intervenciones en las instituciones públicas y con funcionarios de este nivel”.
Esta diligencia responde a la investigación preliminar que el fiscal Marco Huamán abrió de oficio contra Bruno Pacheco y los que resulten responsables por el delito de tráfico de influencias.
El delito imputado podría variar conforme avance el caso y se encuentren otros hechos delictivos, informó el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, superior jerárquico del fiscal Marco Huamán.
Tello precisó que las pesquisas por este caso se iniciaron el pasado miércoles 17 y tienen un plazo preliminar de 60 días. El caso tiene carácter reservado, añadió.
Por este caso, la Procuraduría Anticorrupción interpuso una denuncia penal contra Bruno Pacheco ante el Ministerio Público y solicitó la realización de diversas diligencias.
Entre ellas, la toma de declaración del investigado; del jefe de la Sunat, Luis Vera; así como de Marco Urbina Chumpitassi y José Luis Hanco Lupinta.
Estos dos últimos, según los chats de Whatsapp revelados por el portal Lima Gris, fueron mencionados por Bruno Pacheco a Vera para presuntamente favorecerlos en procedimientos ante la Sunat.
Luego, Vera negó que se haya favorecido a ninguno de ellos.
La Procuraduría pidió a la Fiscalía que solicite al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones y la geolocalización de los investigados.
Vale mencionar que el renunciante secretario general también se encuentra comprendido en la investigación preliminar que abrió la Fiscalía de la Nación, en la que también está incluido el exministro de Defensa Walter Ayala y los que resulten responsables, por la manipulación en los ascensos en las Fuerzas Armadas.
Por este caso, los delitos atribuidos son patrocinio ilegal y abuso de autoridad.
Esta investigación comprende a altos funcionarios que cuentan con prerrogativa constitucional del antejuicio político y sigue un curso paralelo al caso en la Fiscalía anticorrupción de Marco Huamán.
La revelación generó un pedido interpelación a Ayala en el Congreso, tras lo cual se vio obligado a renunciar.
DELITOS. Sobre el tema de Pacheco y sus intentos de presión al jefe de la Sunat, el abogado penalista Carlos Caro Coria indicó que el delito de tráfico de influencias, imputado en este caso puede llegar a una pena de hasta 15 años de prisión.
“(Ello) en la medida de que se pueda conectar con contratos públicos o con supuesto enriquecimiento indebido”, dijo Caro Coria.
En esa línea, explicó que este delito tipificado en el Código Penal (artículo 400) sanciona “el mero acuerdo de influencias para tratar de direccionar un proceso administrativo y/o judicial”.
Caro Coria añadió que, de acuerdo a la información propalada en los chats de Whatsapp, la investigación puede comprender delitos de corrupción.
“Suena a contraprestación y eso nos pondría en otra vereda que ya no es tráfico de influencias, sino corrupción: cohecho, soborno porque es una forma de decir ‘yo voy a gestionar tu cargo a cambio de que me ayudes con tal proceso”, añadió Caro.
El penalista recordó así que en uno de los chats Pacheco le dijo a Vera que estaba tratando de que sea ratificado en el cargo pero que había voces en contra de parte de varios integrantes del Gabinete Ministerial.