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La Fiscalía de la Nación dispuso ayer abrirle una investigación preliminar a la congresista no agrupada Katy Ugarte, quien alcanzó una curul con Perú Libre, por el presunto delito de concusión.
Esta pesquisa obedece a la denuncia periodística, difundida por Cuarto Poder, referida a que la también exministra de la Mujer del golpista Pedro Castillo habría recortado el salario de trabajadores de su despacho legislativo para destinar dicho dinero al pago de publicaciones a su favor en medios de comunicación.
La investigación del Ministerio Público también incluye a su asesor parlamentario Wilber Felices Villafuerte, como su presunto cómplice.
De esta forma, Ugarte Mamani se sumó a la lista de parlamentarias denunciadas por cobros irregulares a trabajadores del Congreso.
Más temprano, la Procuraduría General del Estado (PGE) denunció penalmente a Katy Ugarte por el delito de concusión. El documento, suscrito por el titular de la PGE, Daniel Soria, fue remitido al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a fin de que esta inicie la pesquisa preliminar correspondientes.
EL CASO. El último domingo, Cuarto Poder difundió conversaciones de trabajadores del despacho de Ugarte en las que se indica que personal técnico y asesores entregaban 200 y 400 soles, respectivamente, de manera individual, hasta reunir cerca de 2 mil soles mensuales.
Este dinero era utilizado para el pago de publicaciones en medios de comunicación que buscaban mejorar la imagen de la congresista en su departamento, Cusco.
De acuerdo con el informe, Wilber Felices, hombre de confianza de Ugarte, recibía el dinero para pagar a periodistas. Desde el despacho de la parlamentaria indicaron al dominical que los aportes económicos eran entregados de manera voluntaria.
ACCIONES. Ante el revuelo, la Comisión de Ética amplió ayer su agenda para incluir este tema en su agenda y pasar a orden del día la denuncia de oficio contra la legisladora.
Por la noche, el grupo de trabajo parlamentario aprobó, y por unanimidad, abrirle una investigación preliminar a la legisladora.
En declaraciones a la prensa, Katy Ugarte dijo que se allana a las investigaciones del Ministerio Público. No obstante, negó las graves acusaciones en su contra.
“No tengo ningún conocimiento, no hay ninguna prueba, así que yo me siento tranquila. Yo nunca pagué, así que quienes me están imputando esto debe demostrarlo con prueba”, expresó.
Asimismo, precisó que quienes deben “hacer un deslinde y ser investigados” son los comunicadores responsables de las publicaciones que ensalzan su persona.
CRÍTICA. Mediante un comunicado, el Colegio de Periodistas de Lima (CPL) se refirió al presunto pago a periodistas, en medio de la acusación contra Katy Ugarte.
Al respecto, recalcó que “el deber de informar con apego a la verdad es un trabajo por el cual no se debe exigir pagos a las autoridades en nuestro país”.
El gremio manifestó que los funcionarios, servidores de instituciones públicas o empresas privadas “deben diferenciar la labor periodística de informar, frente a la acción de publicidad rentada en los medios de comunicación”.
“Los periodistas, por ejercer su trabajo, no cobran ni solicitan pagos o dádivas a terceros”, precisó el colegiado.
ES GRAVE. En diálogo con Correo, el abogado penalista Andy Carrión explicó que el delito de concusión se castiga con penas que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel.
Indicó que, frente a las acusaciones por recorte de sueldo contra congresistas, “lo único que varía es la modalidad” para solicitar el dinero.
No obstante, cuestionó que el Ministerio Público no considere plantear la acusación también por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
“El delito de enriquecimiento ilícito sanciona a aquellos funcionarios que abusan de su cargo, pero que incrementa ilícitamente su patrimonio (...). La sanción que sostiene el Código Penal es una pena privativa de libertad que es no menor de 5 ni mayor de 10 años”, subrayó.
Carrión cuestionó que exista un “espíritu de cuerpo” en el proceder de este tipo de investigaciones en el Parlamento. “Son pocos casos, a pesar de los muchos advertidos, que por el paso del tiempo llegan a ser aprobados por el Pleno y que este decida la acusación”, puntualizó.
