El caso “Rolex” le pasa factura a la jefa de Estado. El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra como presunta autora del delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio. Es decir, por soborno.
LA DENUNCIA.
El documento de 63 páginas da cuenta de una serie de hechos que la mandataria habría realizado para, supuestamente, favorecer al Gobierno Regional de Ayacucho, a cargo de Wilfredo Oscorima Núñez, y que las joyas y relojes de alta gama que recibió de este habrían sido contraprestaciones por tales gestiones.
“Los hechos están referidos a que la investigada habría recibido -en calidad de donación- del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes de la marca Rolex, un par de aretes argolla de oro con diamantes y una pulsera Bangle con 94 brillantes, con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta”, reza el documento.
También se detalla la cronología en la que habrían ocurrido las entregas de joyas y relojes a Boluarte.
“El 31 de mayo de 2023, a las 16:28 horas, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, acudió al Palacio de Gobierno-Despacho Presidencial, para donar a la denunciada, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, el reloj Rolex Datejust 36 mms rolesor rosado, oro rosa, modelo M126231-0027, pulsera: Jubilee: 62801, serie 04T2H295″, se precisa.
Las otras “donaciones” se efectuaron el 22 de junio de 2023 (un par de aretes de oro amarillo con brillantes), el 25 de julio de 2023 (pulsera Bangle con 94 brillantes 1.76 quilates de peso y cinco peras de un quilate), entre el 7 y 18 de setiembre de 2023 (el reloj Rolex Datejust Oyster Perpetual, modelo 126284RBR, serie A3509842) y entre el 4 de enero y 6 de febrero de 2024 (el reloj Rolex Day Date President, modelo 118135RSL, serie 87N2768).
La denuncia constitucional también da cuenta de cómo y dónde Oscorima Núñez adquirió las alhajas que entregó a la gobernante.
Por ejemplo, la autoridad regional compró el ya conocido Rolex de oro rosa en la Casa Banchero, el 31 de mayo del año pasado.
Dicho artículo, según declaraciones del gerente de dicho negocio, costó 18,250 dólares que Oscorima Nuñez canceló en cuatro partes: dos transferencias bancarias por 8 mil y 5 mil dólares, un pago con tarjeta Visa por 4,750 dólares (realizados el 29 de mayo) y un pago en efectivo por 500 dólares efectuado el 31 del mismo mes.
Además, destaca que hubo 44 desembolsos que el Ejecutivo habría realizado al Gobierno Regional de Ayacucho en contraprestación a las joyas recibidas por Boluarte.
Por ejemplo, el 8 de marzo de 2023 se autorizó la transferencia de 45′760,086 de soles, para la ejecución de 32 proyectos.
Así también, el 23 de marzo de 2024 se autorizó la transferencia de 100 millones de soles para la ejecución de un proyecto de inversión.
“Entre marzo de 2023 y marzo de 2024 se aprobaron 44 solicitudes de demanda adicional de presupuesto para proyectos de inversión pública del Gobierno Regional de Ayacucho, en los que se advierte la intervención del Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y Presidencia del Consejo de Ministros), por un total de S/194′835,416.00 asignados por Presupuesto de Inversión Modificado (PIM)”, refiere la denuncia.
En la parte final del documento, el fiscal de la Nación pide al presidente del Congreso que “admita la presente denuncia constitucional, e inicie el procedimiento parlamentario de acusación constitucional y, en su oportunidad, formule la resolución acusatoria de contenido penal correspondiente”.
ANÁLISIS.
Al respecto, Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), indicó que un mandatario no puede ser acusado por delitos penales o infracciones que no se encuentren en el artículo 117 de la Carta Magna.
“A cualquier presidente de la República la Constitución lo blinda. El artículo 117 establece unas pocas causales para la acusación constitucional; fuera de ellas, no existe manera de levantarle el fuero”, comentó a Correo.
El constitucionalista recordó que hay sentencias del TC que precisan que un presidente puede ser investigado, pero solo en etapa preliminar.
“La acusación constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación sirve, porque reúne todos los medios de prueba que ha podido alcanzar y que será motivo para procesar a la presidenta, una vez que deje el cargo”, afirmó.
Agregó que si el Congreso procede con la denuncia, Boluarte Zegarra podría responder judicialmente.
Por su parte, el penalista Andy Carrión declaró a este diario que la acusación es correcta, pues existen suficientes elementos.
“Sobre todo al cruce de información y evidencia, en tanto que ella haya recibido como donativo estas joyas y a su vez haya promovido estos decretos para derivar partidas al gobierno regional de Ayacucho”, sostuvo.
Añadió que debido a los límites del artículo 117 de la Carta Magna, la denuncia deberá permanecer en el Congreso y la jefa de Estado podrá ser denunciada recién cuando termine su mandato.
