La Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos por las protestas ocurridas en 2022-2023.
“Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad”, señala el comunicado.
El Ministerio Público agrega que “de lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)”.
Además, la Fiscalía denunció los mismos delitos a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola. Además, al exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y los extitulares del Ministerio del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
“Existen 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales respectivos, en las que se investiga a 824 personas por los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos”, indican.
Fiscalía archiva investigación por genocidio contra Dina Boluarte
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, anunció este martes que la Fiscalía de la Nación decidió archivar la investigación que pesaba sobre la jefa de Estado por el presunto delito de genocidio relacionado con las manifestaciones sociales de 2022 y 2023.
Campos destacó que la decisión del Ministerio Público de archivar el cargo de genocidio es una medida positiva para el país, en declaraciones a RPP. Según el abogado, imputar a Boluarte con un delito de lesa humanidad por los fallecidos en las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023 le hace daño no solamente a la presidenta, sino también al país.
También precisó que la Fiscalía ha decidido dividir el expediente en dos partes. Por un lado, se continuará investigando sobre los cargos de homicidio y lesiones. Por otro, se ha ordenado el archivamiento del delito de genocidio.
Campos expresó su alivio por esta decisión, aunque lamentó que haya tardado más de un año y medio en llegar. “Celebramos porque la idea de la existencia de una imputación tan grave, que es un delito de lesa humanidad, le hace daño no solamente a la presidenta de la República, le hace daño al país”, afirmó.
El abogado argumentó que el genocidio se define como un acto letal dirigido contra un grupo por su identidad y no por sus acciones. Según Campos, las muertes durante el control de manifestaciones violentas no configuraban el delito de genocidio.
“Ahí pudo haber muertes por un mal uso del arma por parte del policía o militar, por un buen uso del arma del policía o militar, o una circunstancia, incluso las casuales. Todo eso se tiene que investigar antes de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Pero el genocidio era una locura, nunca tuvo sentido”, concluyó Campos.
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