La Fiscalía Suprema de Control Interno dispuso la nulidad de la resolución No 1587-2020, del 22 de diciembre del 2020, emitida por la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima que ordenó no abrir proceso disciplinario al fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez, por presunta infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones.
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De acuerdo al documento, al que accedió Correo, deberá ser nuevamente evaluado por la OCDI-Lima a fin de determinar si hubo faltas en la función del representante del Ministerio Público.
La Fiscalía Suprema de Control Interno determinó que la Oficina Desconcentrada de Control Interno no fundamentó debidamente su resolución “puesto que no presentan todos los elementos fácticos y jurídicos que justificarían de manera suficiente y razonable la decisión, o que permitirían verificar la razonabilidad de esta”.
Esta es una respuesta a la apelación presentada por el abogado Elio Riera, quien insiste en quejar al fiscal por, según señala, no haberle facilitado documentos de la carpeta que involucra a la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otros 50 coacusados por el caso Odebrecht.
También indica que Pérez se habría mostrado renuente a atender su pedido para suspender las diligencias previstas entre agosto y noviembre del 2020, a pesar de encontrarse en emergencia sanitaria por el COVID-19.
Riera defendió a Fuerza Popular -partido que es investigado como persona jurídica en este proceso- y hoy forma parte del equipo de abogados que representa al expresidente Alberto Fujimori, quien en los próximos días saldrá de prisión a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional.
En diálogo con Correo, el abogado saludó el pronunciamiento de la Fiscalía Suprema de Control Interno.
“En efecto, existieron, a nuestro entender, omisiones funcionales de carácter administrativo que deben ser investigadas más a fondo en concordancia con el derecho al debido proceso y el principio de objetividad que deben mantener los Fiscales”, dijo Riera a esta publicación.
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Como se sabe, el caso Keiko Fujimori se encuentra en etapa de control de acusación, dirigida por el juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga Urday.
El Equipo Lava Jato ha solicitado 30 años y 10 meses para Keiko Fujimori por los presuntos delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la Justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. Para el partido Fuerza Popular, José Domingo Pérez ha solicitado su disolución.