La Comisión de Fiscalización aprobó ayer por mayoría el informe final que recomendó acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por los casos Sarratea, Puente Tarata, ascensos en las FF.AA. y presiones a la Sunat.

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La votación quedó con 9 a favor, 3 en contra y una abstención. Se sugirió -además- que la acusación incluya a  los exministros Juan Silva (Transportes) y Juan Carrasco (Interior). En el caso de Walter Ayala (Defensa), por las presiones para los ascensos en las Fuerzas Armadas.

El informe deberá ser sustentado ante el pleno del Congreso, que deberá aprobarlo con 66 votos. De ser así, será remitido a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Allí se elegirá al delegado del caso y, de tener éxito, subirá a la Comisión Permanente. De progresar, la acusación volvería al pleno.

Imputaciones. A Castillo se le atribuyó ser cabecilla de una red criminal en el Gobierno dedicada a cometer presuntos actos de corrupción para beneficiar a terceros. La red estaría conformada por otras 18 personas.

Según el informe elaborado por Fiscalización, Castillo incurrió en los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo presidencial.

“Está comprobado que Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva, Zamir Villaverde y Karelim López estuvieron relacionados para direccionamientos (...) de procesos de selección en el MTC”, reza el informe.

Además, concluye que Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo eran operadores del jefe de Estado y del exministro Juan Silva.

Antes de finalizar la sesión se acordó excluir del informe a los congresistas de  Acción Popular Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, sindicados como “Los Niños”.

¿Las razones? De acuerdo al pedido de varios congresistas, se les retiró porque no fueron citados a la comisión para defenderse.

En el debate, legisladores de Perú Libre y el Bloque Magisterial insistieron en que no se podía culpar o acusar a Castillo porque aún no existen pruebas fehacientes.

En la sesión, el congresista Pasión Dávila presentó un informe en minoría que recomendaba enviar al archivo la investigación.

Desde Fuerza Popular, Martha Moyano se mostró renuente a aceptar el informe minoritario al indicar que carece de argumentos.  Sin respetar el reglamento de Congreso Dávila insistió en que se vote su propuesta.

Por la noche, Héctor Ventura, titular de Fiscalización,  afirmó que lo indagado podría ser derivado al Ministerio Público para que se continúen las investigaciones.

Afirmó que la izquierda pretendió dejar sin efecto el informe final al haberse presentado pedidos “fuera de contexto”.

Ventura cuestionó -de otro lado- el comportamiento de Castillo por no haber recibido a Fiscalización y negó que es falso que se diga que el presidente no tenía conocimiento de lo que iba a declarar ante la comisión.

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“El presidente sabía de los temas que se iban a preguntar”, manifestó.

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