Fotos: Antonio Melgarejo/GEC
Fotos: Antonio Melgarejo/GEC

Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial, desmintió categóricamente cualquier tipo de vínculo entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el investigado Andrés Hurtado.

“La respuesta es un no rotundo. La presidenta no conoce a la persona por la cual se me pregunta”, afirmó desde Palacio de Gobierno, rechazando que Boluarte haya recibido regalos o dádivas de parte de Hurtado.

En cuanto a la situación del estado de emergencia vigente, Hinojosa explicó que su implementación se basa en un análisis técnico elaborado por la Policía Nacional del Perú (PNP), lo que ha permitido la ejecución de operativos exitosos. Estos incluyen la desarticulación de bandas criminales y la captura de delincuentes, destacando también la creación de la central de emergencias 111 y el Grupo Especial de Extorsiones, enfocados en combatir este delito creciente.

El vocero señaló que la posible extensión del estado de emergencia a otros distritos dependerá de nuevas evaluaciones técnicas. Los detalles sobre una posible ampliación serán comunicados próximamente.

Sobre el caso del prófugo Vladimir Cerrón, Hinojosa negó cualquier tipo de protección hacia él. Reafirmó que el Gobierno ha aumentado la recompensa por su captura a 500,000 soles y que están utilizando todos los recursos disponibles para su pronta ubicación.

En cuanto a las denuncias de corrupción, en especial dentro de programas como Qali Warma, el vocero destacó que se han presentado todas las denuncias correspondientes y activado los mecanismos necesarios para combatir las irregularidades.

Hinojosa también desmintió los rumores sobre la compra de un nuevo avión presidencial. Aclaró que solo se adquirirán aeronaves de transporte militar para aumentar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia.

De cara al paro nacional de transportistas anunciado para el 10 de octubre, el Gobierno ha mantenido diálogo con los líderes del sector y está implementando medidas para garantizar la estabilidad del país, así como la protección de los derechos de los ciudadanos.

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