La investigación sobre la existencia de una presunta red de prostitución en el Congreso avanza en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, todo parece indicar que los funcionarios de la institución hacen de todo con el objetivo de ocultar información y no esclarecer los hechos, además, existiría una estrategia para alejar al integrante de Alianza para el Progreso (APP) y expresidente del Parlamento, Alejandro Soto, del polémico caso.
HECHOS
Juan Burgos, presidente de Fiscalización, informó durante la sesión de ayer que las tres integrantes de la comisión Ad Hoc, conformada para investigar la existencia de la presunta red, renunciaron de manera irrevocable.
Se trata de Natalia Escudero Rodríguez (profesional de la Dirección General Parlamentaria), Flor de María Tello (profesional de la Oficialía Mayor) y Patricia Durán Vásquez (especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones); esta último incluso salió de vacaciones.
En el documento refieren que no pueden continuar con el proceso administrativo disciplinario porque no hay descripción clara de las conductas imputadas, solo se usa un reportaje periodístico en la denuncia y no les corresponde evaluar el caso.
En paralelo, la congresista Norma Yarrow afirmó que una asesora le comentó que Víctor Neciosup, secretario técnico de la Oficialía Mayor, le advirtió a los trabajadores que si se referían al caso, no se les renovaría el contrato en marzo.
El aludido funcionario prefirió no hacer comentarios sobre el tema.
BLINDAJE
En la sesión, la congresista Yarrow también dio a conocer que la contratación de Isabel Cajo, amiga de Andrea Vidal (trabajadora del Congreso que fue acribillada) e implicada en la presunta red, se dio con una adenda especial que tenía el visto bueno del expresidente del Congreso, Alejandro Soto de APP.
“El oficial mayor solicita la autorización del presidente del Congreso, lo dice acá este contrato donde la nombra, ¿por qué el presidente (Soto) dice contrátenla?, ¿es normal que se actúe así?”, preguntó Yarrow a Carlos Pais, director general de Administración.
Este respondió que no tenía el contrato a la mano, pero que haría llegar el informe a la jefatura de Recursos Humanos.
Otro aspecto del caso es que nadie ha podido responder hasta el momento cómo llegó Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, quien es sindicado como el encargado de dirigir la presunta red.
Pais Vera aseguró que no envió el curriculum vitae de Torres Saravia.
Lo mismo ocurrió cuando se les consultó a los funcionarios sobre la presunta red (ver infografía).
“Mi persona no ha escuchado que hubiera una red de prostitución, lo que está dañando la imagen institucional”, afirmó.
José Rubio, extrabajador del Congreso, dijo que tampoco escuchó nada acerca de una red.
Mientras que Tulio Vizcarra, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Parlamento, dijo que la denuncia en realidad es “un escándalo porque el Congreso vende a nivel nacional e internacional”.
“No nos va a temblar la mano para defender la institución”, señaló.
Por su parte, Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, consideró que no debe dar un paso al costado porque “no se siente inmerso en la investigación” y tiene la intención de que el caso se esclarezca.
