Gobierno lleva la gestión pública a una grave crisis

Quiebre institucional. En las últimas semanas, tras denuncias de copamiento, maltratos o discrepancias con decisiones tomadas desde el Gobierno, diversos altos funcionarios, entre ellos algunos técnicos de carrera, decidieron dar un paso al costado en la administración pública.

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Los cambios observados en los distintos niveles de los carteras se han convertido en una constante durante la gestión del presidente Pedro Castillo.

El caso más reciente es la dimisión de la economista Fabiola Caballero, quien dimitió al cargo de viceministra de Transportes tras señalar que el MTC, un sector sensible por el alto presupuesto y tareas que lleva adelante, se convirtió en una “aparente agencia de empleos” con designaciones de personal no calificado.

Expertos consultados por este diario calificaron de “peligroso” que en el Estado se produzcan las salidas de funcionarios de diferentes niveles porque “dejan sin soporte técnico” a las carteras ministeriales. Además, señalaron que la proclamación de nuevas designaciones y renuncias serían un indicador de que “se está denigrando y desvirtualizando la función pública”.

MIRADA.

Si desde el gobierno de Valentín Paniagua hasta la era Martín Vizcarra, el promedio de duración de los ministros era de 13 meses; actualmente en la gestión de Pedro Castillo se ha visto un caso sui generis.

El politólogo del Centro Wiñaq, Fernando Tincopa, señaló que solo en los primeros cien días, en el actual régimen se observó un cambio ministerial cada 11 días. Y a seis meses de iniciada su gestión, Castillo Terrones ya cuenta con cuatro gabinetes en su haber.

“Es llamativo porque una persona que va a asumir uno de los más altos cargos en la función publica, en sus viceministerios o direcciones generales, debe cumplir cuestiones evidentes como idoneidad y capacidad y la permanencia en el tiempo”, señala el experto.

A esta situación se le suma otro factor: la adaptación al cargo, un proceso que podría extenderse hasta seis meses, tiempo en el que el funcionario diseña una política de trabajo y se designa al personal a cargo.

Tincopa indicó que las designaciones del actual Gobierno “ponen en duda” el cumplimiento de los criterios señalados. “Todas estas condiciones hacen que se generen impactos negativos en el muy corto plazo porque una cosa es tener políticos malos y otra, técnicos y tecnócratas malos. Juntados los dos, es el caldo de cultivo perfecto para la crisis no solo política, sino la crisis de la gestión pública”, advirtió.

El politólogo consideró que con el ingreso del Gabinete de Aníbal Torres se han realizado al menos 118 cambios a nivel ministerios, viceministerios, asesores, directores generales entre otros, lo cual “parece lo más peligroso porque deja sin soporte técnico a un estado que de un momento” y desincentiva que exista la línea de carrera pública.

Agregó que en la colocación de nuevos titulares en las carteras no se muestra que se siga una línea técnica o política clara, sino que se responde a un tema coyuntural.

“La postura y la intención de designar a tal funcionario u otro responde básicamente a la coyuntura y al interés de quien esté en el cargo en ese momento: en el cargo de premier, de ministro (...). Por ejemplo, la línea del Ministerio de la Mujer era una con Anahí Durand y otra completamente distinta con Katy Ugarte. La línea de la actual ministra es otra también”, indicó.

ANÁLISIS

La renuncia de los viceministros en diferentes carteras termina siendo un indicador de que el cuerpo de servidores públicos está cayendo en niveles preocupantes de precarización, manifestó Alexandra Ames, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

“Sin duda esta es una falta de respeto a los gerentes públicos, directivos públicos, que están ahí con el objetivo de implementar políticas a favor de los ciudadanos”, dijo en diálogo con este diario.

Refirió que cuando se coloca en puestos altos de confianza a personas que no están ni capacitadas y que, además, cuentan con denuncias serias vinculadas a corrupción, acoso sexual o violencia doméstica, significa que “se está llenando el Estado de malos ciudadanos”.

Opinó que no existe problema en que se coloque a funcionarios que sean del mismo partido del presidente, pero que sí lo hay al designar a personas con denuncias que además no están capacitadas para el puesto.

“Entrar a trabajar al Estado es un honor que debe responderse con mucha responsabilidad, y colocar a personas que no son idóneas, resulta muy preocupante”, insistió Ames.

Añadió que en el exterior damos una imagen de país con instituciones muy débiles y que al colocar a personas sin méritos o que no están capacitadas “el mensaje que estamos dando es que nos estamos yendo a la precarización cada vez mayor”.

Sostuvo que los países desarrollados también tienen grandes disputas entre el Parlamento y Ejecutivo pero cuentan con instituciones sólidas, que ayudan a que pese a las crisis que pueda generarse, las políticas públicas continúen sin mayor problema.

Finalmente, recalcó que los viceministros y otros profesionales técnicos llegan al Estado con la idea de hacer transformaciones importantes en cada uno de los sectores que se involucran.

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“Sienten que no quieren estar de adorno (...). Me parece importante que renuncien, pero me genera preocupación porque quedan espacios vacíos para otras personas que no están a la altura”, opinó.