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El coordinador general del Equipo Especial de la Policía que apoya las investigaciones del grupo de fiscales contra la corrupción del Poder, Harvey Colchado, negó haber cometido cualquier tipo de abuso durante el allanamiento a Palacio de Gobierno el pasado 9 de agosto.
“Rechazo tajantemente haber realizado actos de violencia o amenaza contra el personal policial y militar de Palacio de Gobierno”, señaló en sus descargos presentados a la Inspectoría General de la Policía Nacional (PNP).
Asimismo, Colchado negó haber realizado actos de violencia o amenaza contra el jefe de la Casa Militar, José Mariscal Quiroz, durante el allanamiento y lo acusó de haber dilatado el ingreso del Ministerio Público a Palacio de Gobierno entre las 17:00 y 18:15 horas de ese día.
“El personal policial y fiscal fue atendido por diversas personas a quienes se comunicó la orden judicial a ejecutar; sin embargo, no permitían el ingreso a la zona residencial de Palacio de Gobierno. En consecuencia, se procedió al registro de la identidad y comportamiento de estas personas”, señaló el coronel PNP.
En ese sentido, Harvey Colchado remarcó que la denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo contiene una serie de cuestionamientos de orden jurídico al mandato del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
“Resulta evidente que el personal policial que participa como apoyo en la ejecución de una orden judicial no tiene competencia ni facultades para interpretar o mucho menos cuestionar un mandato dictado por un juez competente. La autoridad administrativa de la Inspectoría General de la PNP tampoco tiene atribuciones constitucionales y/o legales para hacerlo”, subrayó.
Por ello, Colchado consideró que no se le puede imputar una interpretación del artículo 117 de la Constitución sobre la inmunidad presidencial, pues Castillo Terrones no está incluido en el mandato judicial y en el acta de allanamiento y registro de domicilio, se tiene que no participó en la diligencia.
Finalmente, el coordinador del equipo especial que apoya al Ministerio Público solicitó que se desestime el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra y, en consecuencia, se disponga el archivo de la denuncia.
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