Aguinaga, quien preside el grupo de trabajo, solicitó su cambio luego de que el Poder Judicial abriera un proceso penal en su contra por el caso de las esterilizaciones forzadas. (FOTO: GEC)
Aguinaga, quien preside el grupo de trabajo, solicitó su cambio luego de que el Poder Judicial abriera un proceso penal en su contra por el caso de las esterilizaciones forzadas. (FOTO: GEC)

La bancada de Fuerza Popular informó que en la próxima sesión del pleno del Congreso solicitará la actualización de sus representantes ante la Comisión de Fiscalización, a fin de que Héctor Ventura reemplace a , quien actualmente preside el grupo de trabajo.

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En un comunicado, el grupo parlamentario fujimorista indicó que apoyará que Ventura asuma como titular de la Comisión.

El pronunciamiento se produce luego de que el propio hiciera público su pedido para que se le reemplace. En sus redes sociales, el parlamentario explicó que con esta decisión busca que no se paralicen las investigaciones que lleva adelante la comisión, debido a que se le ha abierto un proceso penal por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

“Hasta el momento no se me ha notificado la arbitraria resolución que abre proceso penal en mi contra, sin embargo, a efectos de no paralizar las investigaciones a cargo de la Comisión de Fiscalización, le he solicitado a mi Bankada se designe a mi reemplazo en dicha comisión”, escribió la noche del último martes.

En otro mensaje, Aguinaga señaló que ya ha sido investigado por este caso en anteriores oportunidades y que no se hallaron pruebas suficientes. Lamentó que no se respete su presunción de inocencia.

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“Lamentablemente, si eres fujimorista no existe el debido proceso, la presunción de inocencia y menos se te aplica el principio de no ser investigado o juzgado dos o más veces por los mismos hechos. Esta es la justicia politizada con persecución para bloquear investigación al gobierno”, agregó en otro mensaje.

El juez Rafael Martínez, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, resolvió el último sábado 11 de diciembre que había motivos suficientes para considerar prudente que se inicien las diligencias por la denuncia de esterilizaciones forzadas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.

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