“Impuesto solidario” enfrenta dudas y discrepancias

Escrito por Erick Rivera y Damián Retamozo

La mayoría de los grupos políticos representados en el Congreso, y economistas reputados, expresan un rotundo desacuerdo con el llamado “impuesto solidario” que propone el Ejecutivo.

Tal iniciativa es impulsada con énfasis por el premier Vicente Zeballos, con el tibio respaldo del presidente Martín Vizcarra, pero, al parecer sin la opinión favorable de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

Precisamente, ayer se echaron a correr rumores sobre su eventual renuncia al cargo, versiones que ella misma se encargó de desmentir de manera sutil.

A través del Twitter, ofreció algunos alcances de las últimas medidas en materia económica en el marco de la emergencia. “Seguimos trabajando nuevas fórmulas que permitan afianzar el camino hacia la reactivación del Perú”, escribió.

Tormenta. Para el economista Carlos Adrianzén, este tema resulta ser un castigo a las familias con mano de obra calificada, precisamente de quienes más necesita el Estado peruano para frenar la crisis económica por la expansión del nuevo coronavirus.

“Se está hablando de poner un impuesto a las planillas de trabajadores que ganen más de S/10 mil. Eso es un castigo para las familias”, sostuvo.

Indicó que en todo el aparato estatal se gasta, aproximadamente, más de 65 mil millones de dólares al año.

“De esa cantidad de dólares, el 70% es gasto no financiero corriente. La mitad de esos gastos son bienes y servicios de ministerios y entidades públicas que tienen la luz apagada por la cuarentena”, puntualizó.

Con relación a la ministra de Economía, María Antonieta Alva, refirió que como no tiene el peso político para poder enfrentarse al sector público, se le “ocurre este impuesto fácil” o endeudarnos caro. Resultará difícil para ella imponerse, dijo.

Asimismo, agregó que la actual estrategia del Gobierno buscaría engañar a la población peruana alegando que esta iniciativa sería un impuesto para los millonarios cuando en realidad “es un impuesto a las planillas”.

En la misma sintonía, David Tuesta, extitular del MEF, aseguró que las razones que están detrás de esto es un contexto político “muy complicado”, que tiene como protagonistas a un Congreso, que ha presentado iniciativas “populistas”, y a un Ejecutivo “nervioso con ganas de enarbolar las banderas de algo que no es solidario ni lógico”.

Ante ello, consideró que es poco viable este planteamiento enfocado en las personas y empresas con altos ingresos económicos, debido a que los S/300 millones mensuales que se recaudarían temporalmente, constituiría una cifra poco significativa para la magnitud de la crisis en la que actualmente nos encontramos.

Sobre el impuesto de solidaridad, destacó que el Ejecutivo arrancó con una propuesta por todo lo alto, pero después “ha reducido los decibeles de algo que (pensó) se iba a poner de verdad”.

CRÍTICOS. Desde el Parlamento, Correo recogió diversas reacciones sobre las dudas que rodean al Ejecutivo en torno al impuesto de solidaridad.

El vocero de Fuerza Popular, Diethell Columbus, calificó de “irresponsable y vergonzoso las contradicciones” entre el premier Vicente Zeballos y el presidente Martín Vizcarra sobre la aplicación de la contribución.

Recordó que el pasado viernes, el premier Zeballos sostuvo que no se trataba de un impuesto a la riqueza, sino sobre los ingresos.

Al siguiente día, agrega Columbus, “Vizcarra, en su monólogo, dijo que recién están viendo el tema y que no tienen claro si van a gravar la fortuna o los ingresos; que primero pedirá facultades al Congreso y después verán qué cosa plantean”.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha alcanzado ningún detalle al Parlamento sobre el impuesto solidario, concluye el vocero fujimorista.

“Vamos a esperar qué cosa manda el Ejecutivo en el marco del pedido de facultades, y en función a ello decidiremos”, sostuvo tras sostener que su bancada no regalará sus votos, como otros, para responder a ciegas.

SIN FUNDAMENTO. En la misma línea, Rennán Espinoza, portavoz de Somos Perú, opina que el tema en cuestión carece de fundamento, por lo que un eventual pedido de facultades sería irresponsable.

En su opinión, el país tiene reservas necesarias para afrontar esta crisis sanitaria, según información del Banco Central de Reserva (BCR).

“Tenemos, adicionales a la reserva, 10 mil millones de dólares”, aseguró.

Agregó que no ve “mucho argumento técnico sino más bien político; tampoco veo sintonía en el propio Ejecutivo. No hay claridad”, concluye.

“VEREMOS”. Sobre el tema, José Vega Antonio, vocero de Unión por el Perú (UPP), dijo que su bancada no otorgará facultades legislativas al Poder Ejecutivo en este tema, debido a que el impuesto solidario afectará a los trabajadores.

Sin embargo, indicó que si el Gobierno tiene que hacer alguna reforma económica, tendrá que enviarlo al Congreso “para analizarlo con mucho detenimiento”.

El congresista Otto Guibovich, representante de la bancada de Acción Popular, refirió que mientras no llegue el pedido formal el Congreso, no se podrá decidir el futuro de la iniciativa.

Recursos

Gobierno busca fortalecer empresas. La ministra de Economía, María Antonieta Alva, aseguró ayer que el Gobierno emitió un Decreto de Urgencia con medidas complementarias, destinadas a fortalecer el financiamiento de las micro y pequeñas empresas, a través del Fondo de Apoyo Empresarial (FAE-MYPE), que ahora tendrá más recursos y mayor cobertura de garantía.