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El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) rechazó el proyecto de ley presentado por el congresista Abel Reyes (Perú Libre) que propone declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.
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La iniciativa legislativa que cuenta con la firma de Waldemar Cerrón, vocero de la bancada oficialista, y de Francis Paredes Castro considera que los medios de comunicación son “un servicio público de competencia de la Nación”, cuya idoneidad debe ser “protegida y promovida por el Estado”.
Además, apunta que en casos de emergencia, el Gobierno queda facultado para dictar disposiciones “temporales” de obligatorio cumplimiento para los operadores, e incluso asumir el control total de determinadas actividades.
Ante ello, el IPYS consideró que el proyecto “amenaza directamente la libertad de expresión”. “Es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado. La Constitución brinda garantías para informar libremente, sin censura previa”, aseveró a través de un comunicado.
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Asimismo, el IPYS apuntó que la propuesta de Perú Libre tiene “un propósito de controlar los medios de comunicación para limitar la crítica y fiscalización”.
En ese sentido, la organización instó al jefe de Estado, Pedro Castillo, “respetar los principios de defensa de la libertad de expresión” y suscribirse a la Declaración de Chapultepec.
“Le solicita, por lo tanto, deslindar con el proyecto de Perú Libre, y gobernar con la mayor transparencia, enfrentando a las críticas y corrientes opositoras como corresponde a un mandatario democrático”, concluyó el comunicado.
La Asociación Civil Transparencia también condenó la propuesta a través de Twitter. “La Ley de Radio y TV recoge los principios que garantizan la libertad de prensa y el derecho ciudadano a una información plural, veraz e imparcial. Todos debemos colaborar en su aplicación efectiva. Transparencia rechaza toda propuesta legislativa que afecte dichos principios”, se lee en el comunicado.
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