El presidente José Jerí enfrenta una nueva investigación fiscal por presunto tráfico de influencias agravado, esta vez vinculada a las contrataciones de nueve mujeres en distintas áreas del Palacio de Gobierno durante los últimos meses. El fiscal de la Nación, Tomas Gálvez, dispuso iniciar diligencias preliminares que durarán 90 días para determinar si el mandatario ejerció influencias indebidas en estas designaciones.
El documento fiscal indica que el jefe de Estado deberá presentarse el próximo 2 de marzo a las 2:40 de la tarde en el Palacio de Gobierno para rendir su declaración indagatoria. La diligencia se realizará de manera presencial y contará con la presencia de su abogado defensor en las instalaciones del Despacho Presidencial.
Durante la diligencia, el mandatario deberá explicar si tuvo o no participación en los nombramientos de 9 jóvenes con quienes se presume tendría vínculos: Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez, Alicia Alexandra Camargo Leiva, Sheyla Rosmery Briones Ordinola, Susana Carolina Gutiérrez Rivera, Rossmary Malpartida Ostos, María Del Rosario Pamela Espinoza Díaz, Rosa Gabriela Rueda Yaya e Hilda Denisse Zapata Juárez.
Fiscalía solicita documentación sobre contrataciones
El Ministerio Público ordenó a la Secretaría General de la Presidencia remitir en un plazo de tres días hábiles un informe detallado sobre las contrataciones y designaciones de las nueve funcionarias mencionadas. La documentación solicitada abarca el periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026.image.jpg
Entre los documentos requeridos figuran los reportes de contrataciones en diversas áreas del Palacio de Gobierno, la directiva o normativa que regula el procedimiento de contratación de locadores de servicios en el despacho presidencial, así como los expedientes de contratación y pago de las funcionarias, que deben incluir órdenes de servicios, contratos y comprobantes de pago.
La Fiscalía de la Nación declaró el caso como complejo y fijó un plazo de investigación preliminar de 90 días. Durante este periodo, el Ministerio Público podrá recabar todos los elementos de convicción necesarios para determinar si existió tráfico de influencias en agravio del Estado.
De acuerdo con el documento, la Fiscalía tiene la facultad de convocar a Jerí a una segunda declaración si fuera necesario, lo cual representa el límite establecido por una sentencia del Tribunal Constitucional para este tipo de diligencias.
Delito de tráfico de influencias agravado
El fiscal de la Nación investiga al presidente como “presunto AUTOR del delito contra la administración pública en la modalidad de TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado”.
Esta figura penal se configura cuando una autoridad utiliza su posición o influencia para obtener un beneficio indebido para sí mismo o para terceros, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que José Jerí es investigado por el delito de tráfico de influencias. El mandatario ya enfrenta indagaciones fiscales por el caso ‘Chifagate’, donde se le sindica de haber sostenido reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja y en un mercado del Cercado de Lima.
Con esta nueva investigación, el cerco judicial se estrecha sobre el presidente en ejercicio, quien deberá responder ante la Fiscalía de la Nación por las presuntas irregularidades cometidas en las contrataciones realizadas durante su gestión en Palacio de Gobierno.
