La Junta Nacional de Justicia emitió un comunicado público para aclarar las limitaciones de su competencia en materia de registros penales y fiscales. La institución subrayó que no genera ni certifica datos sobre investigaciones o procesos que involucren a particulares o entidades públicas en el ámbito penal.
La entidad autónoma explicó que todos los antecedentes relacionados con aperturas de expedientes fiscales pertenecen exclusivamente a los archivos del Ministerio Público. Este organismo constitucional tiene la responsabilidad de liderar pesquisas delictivas y custodiar la información correspondiente a cada etapa procesal.
Los ciudadanos interesados en verificar o documentar situaciones de este tipo cuentan con un canal directo y oficial para sus consultas. La Junta recomendó que individuos y empresas presenten sus requerimientos formales ante la institución investigadora competente.
El actual directorio de la JNJ, vigente desde el 2025 hasta el 2030, mantiene una política clara respecto a este tipo de solicitudes. Durante su gestión no se han producido informes, oficios ni declaraciones oficiales sobre la existencia o ausencia de tales procedimientos.
La institución basa todas sus intervenciones en el reconocimiento de las atribuciones específicas que la ley asigna a cada actor del sistema judicial peruano. Este enfoque garantiza el funcionamiento ordenado de las entidades dentro del marco normativo constitucional.
María Teresa Cabrera Vega, actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, lideró la emisión de este pronunciamiento público. La directiva reafirmó su adhesión permanente a los principios de apertura institucional y al cumplimiento estricto de las demarcaciones competenciales establecidas en la Carta Magna.
