La Fiscalía realizó una diligencia de incautación en las instalaciones de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte de la investigación que se sigue por las presuntas contrataciones irregulares de personal en dicha institución.
La medida que estuvo a cargo del Sexto Despacho de la Primera Fiscal Anticorrupción de Lima se ejecutó luego de que la entidad no diera todas las facilidades para acceder a la información vinculada al caso durante el proceso.
DETALLES
El lunes 20 de noviembre, integrantes del Ministerio Público (MP) acudieron a la sede de la JNJ para acceder a seis equipos de cómputo que eran utilizados por personas vinculadas a la Dirección de Servicios Disciplinarios de la JNJ, caso que investiga la justicia. Sin embargo, la directora general de la JNJ, Betty Liliana Marrujo Astete, se negó a la entrega, de manera voluntaria, de los equipos informáticos.
En consecuencia, la Fiscalía solicitó al 29 Juzgado Anticorrupción la autorización para incautar los equipos.
Precisamente, ayer el Poder Judicial (PJ) respondió a su favor, así lo confirmó el fiscal provincial Juan Carlos Zúñiga Ríos a los medios de comunicación cuando llegó a la sede de la JNJ.
“Hay algunas cosas que no se dieron facilidades y se ha requerido al juez los discos duros, los hemos dejado lacrados y el juez nos ha autorizado (incautarlos), tendremos que analizarlos”, afirmó.
En declaraciones a la prensa, el fiscal Zúñiga dijo que por ahora son siete las personas investigadas, aunque no descartó que la pesquisa pueda incluir, posteriormente, a otros funcionarios de un rango superior.
Como respuesta, la JNJ emitió un pronunciamiento en el que asegura que dieron las facilidades para las diligencias.
“Para efectos del traslado de equipos de cómputo, la JNJ requirió en esa oportunidad al fiscal a cargo, en el marco de las disposiciones reguladas en el Código Procesal Penal, un mandato judicial a fin de garantizar la cadena de custodia”, se lee en el comunicado publicado en la red social X (antes Twitter).
En la misma línea, la institución indicó que en los equipos de cómputo podría haber información sobre denuncias, investigaciones y procedimientos disciplinarios en curso, sobre los cuales existe una reserva legal.
Por ese motivo, “se procedió a inmovilizar y lacrar los equipos hasta que se dictara el mandato respectivo, como ha ocurrido hoy (ayer)”.
