La Comisión Consultiva de Constitucionalistas emitirá en breve el informe sobre los cuatro aspectos que les fueron encargados por la presidente Dina Boluarte, como son: La constitucionalidad de la legitimidad del Gobierno, el Informa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el control político a alcaldes y gobernadores y , sobre la Bicameralidad y reelección.
¿Hacia dónde apunta el pronunciamiento de la Comisión Consultiva de Constitucionalistas en los temas que se le ha encargado?
Estamos trabajando conforme se nos ha encargado y antes del 10 de agosto, que cumplimos los 60 días de trabajo, vamos a salir a dar los resultados en cuatro aspectos...Ya nos hemos pronunciado sobre la sucesión presidencial, que es constitucional y legítima. Acá hay que aclarar que la señora (Dina) Boluarte no es presidenta transitoria. Quienes han sido presidentes transitorios han sido Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, que asumieron la presidencia en su condición de titulares del Congreso y a ellos no les cabía más que convocar a elecciones, y lo hicieron. Dina Boluarte, conforme, a su mandato, debe terminar en julio del 2026 y si quieren adelantar las elecciones, cosa con la que estoy de acuerdo a título personal por la calidad de parlamentarios que tenemos, que es una vergüenza nacional. Yo no el augurio a esta mesa directiva que termine su mandato, está a cargo de un congresista con 55 procesos, es una vergüenza.
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Precisamente el análisis sobre la reelección y la bicameralidad tiene que ver con esta calidad de congresistas.
Sí, en efecto, la bicameralidad por lo menos va a mejorar la calidad de los representantes, no es un tema de presupuesto, es un tema de calidad. Hay gente que quisiera participar en la política, pero nol o hace por la calidad de las personas que salen para el Congreso, ya tenemos ejemplos de lo que se puede esperar al Senado, como hasta antes del golpe del 5 de abril. La opinión colectiva es además favorable para la reelección, por un periodo de diputados y senadores.
¿Y sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos?
Este documento dice que en el Perú hubo genocidio, y eso no sucedió. Hay una responsabilidad política, pero no es como lo señala la CIDH.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de control político a gobiernos regionales y municipales?
Estamos hablando de un control político a los alcaldes y gobernadores en ciertos casos, ¿Qué sucede si algún alcalde o gobernador con un consejo regional distraído, nada patriótico o separatista acuerda, como lo hizo un gobernador en Puno, partir el territorio nacional? No hay un artículo, un renglón en la Constitución que establezca quién es el órgano que se encarga de actuar políticamente en estos casos. Dirán que está el Tribunal Constitucional, pero tienes que esperar 30 o 40 días hasta que se pronuncie y, mientras tanto, esta instancia regional podría ejecutar presupuesto y hacer barbaridades con ese espacio regional.
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