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El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, solicitó a la Fiscalía de la Nación adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de su función y brindarle la protección ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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En un oficio enviado al fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, Pérez Gómez argumenta que José Luis Sardón, magistrado del Tribunal Constitucional (TC), ha fundamentado su voto en un expediente pidiendo que se “criminalice” su actuación como fiscal en el suicidio del expresidente Alan García.
En su fundamento de voto del Expediente N.° 02825-2017-PHC/TC JUNÍN, presentado por Eleodoro Rojas Carhuallanqui, quien pidió no ser exhibido como integrante de la organización criminal “La Gran Familia del Centro”, por considerar que afecta al principio de presunción de inocencia, Sardón de Taboada se refirió a la muerte de García Pérez.
El magistrado del TC manifestó que el 17 de abril de 2019, el Ministerio Público “tocó la puerta del domicilio” del expresidente acompañado no solo por agentes policiales sino también “por reporteros del principal canal de televisión y de la principal radio del país”.
“La práctica de exhibir públicamente a personas investigadas o procesadas con esposas en las muñecas afecta la presunción de inocencia y convierte a la administración de justicia en un espectáculo circense abominable. Quienes incurran en ella deben ser castigados ejemplarmente, así cuenten con el aplauso fácil de la prensa o las redes sociales”, señaló.
“Dicha práctica puede presionar a las personas a adoptar medidas extremas, como ocurrió con el dos veces expresidente constitucional de la República Alan García Pérez (…) Antes de ser vejado públicamente, el expresidente prefirió suicidarse. Solo han transcurrido dos años: el juez debe determinar cómo los medios -e incluso las redes sociales- sabían que se efectuaría esa detención, siendo la prisión preventiva una disposición de carácter estrictamente reservado; debe determinar si entonces se buscaba la justicia y no el escarnio político”, añadió.
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José Domingo Pérez también recordó que la CIDH emitió -el 25 de julio de 2021- la Resolución 55/2021, mediante la cual le otorgó medidas cautelares y a su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” en Perú.
Finalmente, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato pidió que la Fiscalía de la Nación adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de su función y la protección de él y de su familia tras las afirmaciones del magistrado del TC José Luis Sardón.
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