José Luis Lecaros sobre Odebrecht: "El que dice la verdad a medias, no está cumpliendo"

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, es una persona de pocas pero significativas palabras. En esta entrevista, muestra que tiene muy claro su rol en el sistema de justicia sobre temas claves como el Acuerdo de colaboración con Odebrecht, las prisiones preventivas y la lucha contra la corrupción en el país.

¿Cuál es su evaluación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios? ¿Funciona?

El sistema está funcionando en forma regular, la doctora Inés Villa Bonilla, que es la presidenta de esa corte nacional, tiene mucha experiencia en el tema, hace una labor adecuada, y creo que los jueces también están respondiendo a las expectativas de la presidencia del Poder Judicial y de la ciudadanía. En líneas generales, el sistema está funcionando adecuadamente.

En ese sentido, ¿el combate a la corrupción ha tenido los resultados esperados? 

Bueno, sí. Como usted ve, permanentemente se están dictando medidas limitativas de derecho, arrestos domiciliarios, prisiones preventivas y creo que se está demostrando al país que el delito sí paga en el Perú. La corrupción tiene un costo para el corrupto, que es la cárcel.

¿Siente que algunos jueces son contrapeso de eventuales excesos de la Fiscalía?

Sí. Precisamente, el juez tiene que ser el contrapeso de los excesos. El juez es el fiel de la balanza, es decir, el que decide el partido entre la Fiscalía y la defensa, y tiene que actuar en forma absolutamente imparcial.

Considera que son excesivas las opiniones respecto a que el Equipo Especial “Lava Jato” del Ministerio Público o la Procuraduría Ad Hoc protegen a Odebrecht? 

Bueno, sí, hay quienes opinan que los fiscales están haciendo una magnífica labor, hay otros que opinan que los fiscales lo que hacen es proteger a Odebrecht, y que todas sus acciones van dirigidas a eso y a conseguir que se les devuelva los quinientos y tantos millones que les retiene el Estado. Yo, como presidente del Poder Judicial, prefiero no opinar sobre la labor de los fiscales.

¿Ve que en el acuerdo de colaboración hay proteccionismo hacia la empresa y a sus exdirectivos?

Todo depende del punto de vista con que se vea. Para algunos sí hay, para otros no; para unos más importa saber la verdad a que el Estado recupere su dinero. Otros comentaristas dicen que no, que más importante es que el Estado recupere lo robado y que Odebrecht deje de trabajar en el Perú, así no se descubra quiénes son los corruptos. Todo depende del punto de vista, como digo, yo prefiero no poner mi punto de vista sobre el tapete porque, además, eso podría influir en las decisiones que toman los jueces.

Surgen nuevos indicios de pagos ilícitos de Odebrecht en obras fuera del acuerdo de colaboración. ¿Siente que la constructora brasileña o sus exdirectivos ocultan información? 

El principio que rige los acuerdos de colaboración eficaz es: “Voy a decir toda la verdad y, a cambio de eso, o me rebajan la pena o me perdonan la pena”. El que no dice toda la verdad, o el que dice la verdad a medias, no está cumpliendo con la misión específica que tiene un acuerdo de colaboración eficaz. De modo que Odebrecht, si se ha acogido a la colaboración eficaz, igual que los señores de Graña y Montero que se están acogiendo, tienen que decir todo lo que saben y todo lo que puedan probar (...) y aparentemente no lo están haciendo.

Para usted, aparentemente estarían ocultando información... 

Sí, porque cada día salen en los medios casos, nueva información, que no era materia del acuerdo, de modo que la Fiscalía debe revisar esa parte del acuerdo y ver si continúa o no continúa con él, pero es una decisión de la Fiscalía y de la Procuraduría.

Pero para usted, ¿habría argumentos para evaluar la revisión del acuerdo?

Yo creo que sí, porque, repito, el fin de todo acuerdo de colaboración eficaz es obtener toda la verdad. Si la parte que se acoge a esta colaboración eficaz no cumple con el rol que compete de decir toda la verdad, obviamente, la propia parte está violando el acuerdo.

¿Ve excesos en los pedido de prisión preventiva? 

Bueno, sí, en algunos casos sí, y no solo yo, lo dijo el juez en el caso (de Pedro Pablo) Kuczynski. Ha dicho que prohibir las visitas a Kuczynski es una cuestión arbitraria y hasta abusiva y, evidentemente, que el pedido de prisión preventiva ha sido un exceso. De repente en otros casos puede suceder lo mismo.

En ese sentido, ¿coincide con la lectura del juez Chávez Tamariz? 

En principio, y en base a las informaciones de la prensa, y a la información que pueda yo obtener, estoy de acuerdo. Creo que el juez Chávez ha resuelto lo correcto, pero, obviamente, para una opinión definitiva habría que ver el expediente y por razones obvias la Corte Suprema no revisa los expedientes.

El procurador anticorrupción Amado Enco denunció al procurador ad hoc Jorge Ramírez, y el fiscal supremo Tomás Gálvez pide a la fiscal de la Nación que evalúe a Vela y José Domingo Pérez. ¿Considera que Zoraida Ávalos debe admitir estas acciones?

Bueno, sí. La fiscal de la Nación está en la obligación de admitir los pedidos, estudiarlos y resolver lo que sea correcto y conveniente. El derecho no es una ciencia exacta, está sujeto a interpretación, y lo que puede ser correcto para uno puede ser incorrecto para otro. De repente para el procurador Ramírez es correcto lo que hizo y al procurador Enco, en base a otra interpretación de la ley, le parece incorrecto, pero quien resuelve debe tratar de establecer lo que está bien o está mal.

En el caso de Enco, este presentó una denuncia. ¿La fiscal de la Nación tiene la obligación de evaluarla?

La fiscal de la Nación está en la obligación de recibirla, tramitarla, evaluarla y resolver si abre el proceso penal o no. Ya queda a su criterio y a sus conocimientos el sentido de lo que resuelva.

En cuanto a la inmunidad parlamentaria, ¿se desnaturalizó el proyecto del Ejecutivo y qué tan necesario es que tal facultad esté en la Corte Suprema para usted?

En realidad, la facultad de levantar la inmunidad parlamentaria debería estar en el Congreso, pero en un Congreso que cumpla su papel y no blinde a los congresistas. En los últimos años, yo he presidido la comisión de la Corte Suprema de levantamiento de inmunidad, desde el 2008 al 2014 (...). Cuando la Corte Suprema, después de estudiar, saca una resolución y dice: “Pídase levantamiento” quiere decir que la Corte Suprema ya estudió el caso y sí procede el levantamiento, por lo menos a criterio de la Corte Suprema.

Que es un criterio técnico... 

Así es, de esos pedidos, más del 50% fueron rechazados por el Congreso, lo que quiere decir que el Congreso no actúa, pues, con criterio técnico, sino con criterio político. El levantamiento de la inmunidad es “levantar la traba”, pero no porque quiero o no quiero, porque me cae simpático o no, sino porque el derecho me dice: “Debo levantar la traba para que el Poder Judicial pueda juzgarlo” y el Congreso lamentablemente, desde el año 2008, ha sido una barrera, pues, infranqueable para cuidar a muchos congresistas.

Es decir, actúa para blindar a algunos de sus compañeros. 

Bueno, sí, yo entiendo que sí, en algunos casos.

¿Y este 50%, cuánto es en números? 

Más o menos, de 20 casos que yo pedí, por lo menos 10.

Respecto al tema de los “CNMaudios”, y de algunos jueces supremos involucrados en estos, ¿por qué la Sala Plena de la Corte Suprema no evalúa el caso de Víctor Ticona, estos audios con Hinostroza, tomando en cuenta que es ahora el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y estamos, eventualmente, ad portas de unas elecciones? 

Fíjese, yo como presidente de la Corte Suprema planteé a la Sala Plena que se evalué la conducta de Ticona, es decir, incluso la posibilidad de que la Sala Plena pueda, si encontraba que Ticona tenía una responsabilidad por estos audios, pueda quitarle la confianza y, obviamente, forzar una renuncia de Ticona al cargo de presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se puso a debate y, por cinco votos a cuatro, se desechó esa idea, ni siquiera se permitió pedirle un informe a Ticona, simplemente se desechó la idea de abrir cualquier investigación bajo el argumento que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo autónomo, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, y que el señor Ticona está de licencia por sus cuatro años en la Corte Suprema. Incluso, el doctor (Rodolfo) Walde (jefe de la Oficina de Control de la Magistratura) pidió que la votación sea nominal y la votación fue nominal.

¿Cómo nominal? 

Que conste qué jueces votaron por determinado sentido y qué jueces por otro. Generalmente la votación es: cinco a cuatro, sin decir quiénes. En este caso, el señor Walde pidió que la votación sea nominal y consta en las actas de la Sala Plena quiénes votaron en un sentido y quiénes votaron en el otro. Obviamente, no recuerdo en este momento quiénes votaron por tal o cual sentido, pero, sí en la Sala Plena, como digo, se vio.

¿Esta votación cuándo ocurrió? 

En cuanto salieron los audios de Ticona. Salieron los audios de Ticona y el jueves siguiente, que hubo sesión de Sala Plena, se planteó el asunto y, como digo, ese fue el resultado.

Dado que este encargo es discrecional, ¿para usted, Ticona goza de la confianza para presidir el JNE?

Bueno, como digo, en la Sala Plena realmente no se debatió si se le ratificaba o no la confianza.

Pero le pregunto a título personal, ¿para usted, debe tener la confianza? Prefiero no contestar.

Los trabajadores Brian Rojas, Idalia Guerrero, mencionados en los audios Ticona-César Hinostroza, ¿siguen trabajando?

No, fueron inmediatamente retirados.

¿Esta es una manera en la que se negocian los puestos en el Poder Judicial, que se mantienen los puestos? 

No, definitivamente, en mi presidencia no hay tal cosa, y si la hay debe ser un asunto absolutamente aislado, particular, de lo cual la presidencia no tiene conocimiento. Más aún, yo he prohibido estrictamente, y por escrito, la contratación de personas por honorarios profesionales, es decir, estos servicios no personales que se daban están absolutamente prohibidos, no hay más. Se ha establecido, también por escrito, que solo se contrata a gente que tiene el perfil de la plaza; es decir, si una plaza, por decir de especialista, requiere título de abogado, solo se contrata al que tenga título de abogado, por más recomendaciones y padrinos que tenga, eso no vale nada ahora en el Poder Judicial. Tiene que cumplir el perfil y, más aún, se está haciendo concurso público hasta para los CAS.

¿Y por qué Rojas y Guerrero fueron separados, por qué hay un marco de irregularidad en su recontratación? 

En realidad, porque hay un marco de desconfianza. En el momento que se establece que fueron contratados por favores a una persona, entonces se crea un marco de desconfianza respecto a su capacidad.

Entonces, es consciente de que el magistrado supremo Ticona está involucrado en un caso en el que hay un marco de desconfianza... Bueno, los audios hablan por sí mismos, el hecho de decir: “Es un mal trabajador, pero porque tú me lo pides lo he recontratado”, demuestra, pues, que ese contrato no fue del todo regular, y peor aún si a cambio de contratar pide a su vez que hagan contratar a un recomendado, entonces ya eso es una irregularidad para mí grave.

En la que ha incurrido Ticona, en la que está involucrado... 

Así es.

Perfil

Presidió la Corte Superior de Arequipa en el 2000. Como juez supremo instructor, resolvió investigar a AlbertoFujimori por homicidio calificado, desaparición forzada y lesiones graves.