El 11 de abril del 2025 es el plazo máximo para cambios en las leyes electorales.
El 11 de abril del 2025 es el plazo máximo para cambios en las leyes electorales.

Para el buen uso del Financiamiento Público Directo (FPD) se requieren ajustes en la ley, sobre todo considerando que el próximo Congreso tendrá dos cámaras -no previsto en la Ley 28094 y sus modificatorias-, y habrá un mayor financiamiento por el incremento de la UIT, señalaron expertos a Correo.

En opinión de José Naupari, especialista en Derecho Electoral, existen plazos para hacer estos ajustes. “Plazos siempre existen, otra cosa es si existe voluntad política”, indicó al señalar que también hay ajustes al financiamiento de las campañas que tienen que realizarse.

Sostuvo que el Financiamiento Público Directo se constituye como una actividad de fomento y premio a los partidos políticos más representativos y que los límites los establece la propia ley, por lo que no se puede culpar a la ONPE por no sancionar conductas que no están prohibidas.

Además, precisó que la ley determina en qué se va a usar y las limitaciones de ese uso.

CADA VEZ PEOR

A su turno, el politólogo y docente de la PUCP, Fernando Tuesta, afirmó que en los últimos años ha crecido el uso inadecuado de los recursos destinados a fortalecer las capacidades de las organizaciones políticas, lo cual ha originado que se cuestione este financiamiento. Consideró que hay diversas formas de uso inadecuado, aunque no ilegal. Por ejemplo, el pago a dirigentes que debe hacerse con financiamiento privado.

“Hay que ajustar la ley porque el reglamento tiene límites allí donde la ley no los establece. El mayor interés de los partidos va a gastos ordinarios y no a capacitaciones”, manifestó.

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