El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos Oliveros (Podemos Perú), advierte que las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Fuerza Popular (FP) estarían detrás de los intentos por obstaculizar sus investigaciones, como el caso de la presunta red de prostitución en el Parlamento en la que estaría implicado, como cabecilla, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento y cercano al partido de César Acuña.
En diálogo con Correo, señala a Luis Valdez, secretario general de APP, y al propio César Acuña como responsables de los escollos que enfrentan sus indagaciones. Asimismo, adelanta que Fiscalización comenzará a investigar el uso del Gobierno Regional de La Libertad como una supuesta “fábrica de trols”.
¿Qué tan cierta es esa información trascendida sobre su esposa, respecto a que ella fue sancionada por el Gobierno Regional de La Libertad y que, por eso, usted utilizaría a la Comisión de Fiscalización para vengarse de Alianza para el Progreso?
Toda esa información en la cual me mencionan a mí y a mi esposa, donde dicen que yo quiero vengarme de APP por un tema que ocurrió en el Gobierno Regional de La Libertad, la desmiento. Los que están generando esos comentarios o esos mensajes o esa información errada o falsa lo hacen para desprestigiar el trabajo que estamos haciendo, el que, por cierto, es bueno.
¿Y hará algo al respecto desde la Comisión de Fiscalización o en el ámbito personal?
Yo voy a tomar las medidas, porque más o menos tengo conocimiento de quién está detrás, pero definitivamente no nos van a detener en este en este afán de buscar e indagar la verdad de los hechos que habrían ocurrido en el servicio parlamentario, por las contrataciones irregulares referidas a la red de prostitución congresal.
¿Siente que le ponen trabas a su investigación?
Definitivamente está todo concertado por la alianza entre el Gobierno Central y Alianza para el Progreso, dirigido por César Acuña, quien manifestó, injuriando, que yo había comentado sobre un cambio de sexo por votos y que me debían llevar a la Comisión de Ética, lo cual fue una mala interpretación. Todo, para destruir el proceso de indagación que tenemos. El señor Luis Valdez, por otro lado, denuncia que yo habría usurpado funciones de la Fiscalía, cuando eso es totalmente falso.
¿Por qué cree que se protege al señor Jorge Torres Saravia?
Porque él es un hombre de confianza de la alta dirección de Alianza para el Progreso.
¿De César Acuña?
De César Acuña y Luis Valdez. Toda la familia de Torres Saravia está ejerciendo jefaturas importantes y uno de ellos ha sido, inclusive, gerente en la región Piura, cuando el señor Servando García era gobernador regional de Piura por APP. Se trataría de Jesús Torres Saravia, hermano de Jorge, implicado en una denuncia por corrupción por la cual está privado de su libertad. Él era hombre de confianza de Luis Valdez. Los Torres Saravia están unidos a la alta cúpula de APP.
¿Quiere decir que es una presunta red criminal?
Lo que podría decir es que ahí hubo actos de corrupción que están siendo investigados dentro de los gobiernos regionales. El señor Jesús Torres Saravia está condenado y privado de su libertad. Eso es un indicativo de que hay actos de corrupción. Hay diferentes denuncias de corrupción; por ejemplo, ahora hay una sobrevaloración de la compra de camionetas para la PNP y que estuvieron más de 6 meses guardadas en las instalaciones del GORE La Libertad.
¿Para usted, APP estaría involucrado en la red de prostitución?
Le podría decir que ha habido elementos de que son funcionarios de APP quienes habían estado implicados, y que la punta del iceberg es Jorge Torres Saravia. Pienso que todos, por el momento, aplican el silencio, que es importante para los fines que ellos tienen. A los que no hablan se les premian, y a los que hablan, pues se les castiga.
¿Cómo es posible que hasta el momento no se sepa quién fue la persona que contrató a Jorge Torres Saravia?
Como digo, el silencio es un silencio cómplice, y aún más luego de que esa comisión ad hoc, creada por el oficial mayor Giovanni Forno, a pedido del señor Eduardo Salhuana, no tenía ninguna razón jurídica para imponerle una sanción a Torres Saravia. A mí no me sorprendería que él sea contratado en otra dependencia estatal como la Contraloría, donde está un señor de APP.
En otras palabras, esa comisión no funcionó.
Ellos sabían que Torres Saravia no iba a tener ninguna sanción y que puede ser colocado en otro lugar, porque seguro él debe saber mucho acerca de la alta cúpula de APP.
¿Es cierto que Haidy Figueroa, la exjefa de Recursos Humanos del Congreso, quien fue destituida junto a otros altos directivos del Congreso por el caso de la red de prostitución, fue repuesta en otra área legislativa?
Lo que conocemos es que hay funcionarios destituidos de APP que fueron repuestos a otras áreas.
¿Qué funcionarios?
El señor Carlos País (exdirector general de Administración), por ejemplo, y Absalón Vásquez (jefe de Administración de Bienes y Abastecimiento).
¿Qué le dice este silencio de no encontrar responsables sobre la contratación de Torres Saravia y la red de prostitución?
Que es una práctica habitual de un sistema corrupto. Si buscamos arreglar la imagen del Congreso, tenemos que decir la verdad y no tapar la corrupción.
¿Qué le parece esta denuncia que hizo Vicky Navarro, presunta víctima de violación de Torres Saravia, de que existe un ejército de ‘trols’ en el GORE La Libertad?
Eso es una verdad muy antigua dentro de la región La Libertad, y se conoce que los señores funcionarios o trabajadores contratados durante la gestión de APP han hecho campaña electoral en horas de trabajo en dos periodos: en la primera gestión del señor Acuña y en el período del señor Manuel Llempén.
¿También para el reciente periodo de César Acuña?
Claro que también. Ellos siempre están en campaña electoral.
O sea, ¿utilizan a sus trabajadores para actividades políticas?
Claro. Es una verdad que existe. Y eso lo pueden corroborar trabajadores antiguos.
¿Pero no es ilegal?
Sí, es ilegal, porque emplean fondos del Estado para fines particulares.
¿Alejandro Soto no fue denunciado por una fábrica de trols?
Sí.
Ante estas malas prácticas, ¿qué hará su comisión?
En nuestro informe preliminar vamos a solicitar que intervenga el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), la Procuraduría General de la República y la Contraloría para que tomen acciones, porque se perjudica al Estado.
¿Qué posibilidades hay de que aprueben las facultades de comisión investigadora?
Nosotros hemos aprobado facultades de investigación para el tema de las cirugías de Dina Boluarte. Eso se hará presente en el pleno. También hay pedido de facultades para investigar la Presidencia de Essalud y para investigar las contrataciones y la red de prostitución.
¿Cuándo evaluará Fiscalización los pedidos?
La próxima semana y, dependiendo de ello, lo aprobamos y luego pasa al pleno.
¿Cuántas investigaciones de Fiscalización están siendo obstaculizadas por el Congreso?
Son todas, pero principalmente el Cofre, las cirugías de Dina Boluarte y ahora la red. Siempre hay intereses de por medio.
¿Qué bancadas ha identificado usted como principales obstaculizadoras?
Fuerza Popular y APP obstaculizan las investigaciones. Fuerza Popular tiene una alianza con APP, tienen una conexión y se han unido. Y otros miembros de distintas bancadas. No podría generalizar.
¿Pero por ejemplo quiénes?
La actitud del señor Héctor Valer, de Somos Perú, pero que su partido político no lo ha respaldado en su denuncia y en el intento de censura que tuvo contra mí. En general, me han querido censurar o enviarme a Ética.
¿De tener las facultades de comisión investigadora sobre los trols en el GORE La Libertad, citará a César Acuña, Luis Valdez y otros?
Sí, por haber usado a los trabajadores del gobierno regional para sus fines políticos.
¿Volverá a citar a la señora Vicky Navarro?
Ya no. Fue expuesta demasiado. Y ella voluntariamente vino. Nosotros no hicimos presión para que venga.
¿Y con respecto a Torres Saravia?
Lo citaremos nuevamente, si nos dan facultades.
