Existen más de 300 investigaciones en trámite contra altos funcionarios por delitos de corrupción, entre otros, además de 11 denuncias constitucionales. Así informó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, durante su intervención en el 189 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Juan Carlos Villena precisó que entre los investigados se encuentran congresistas y que los casos son “importantísimos” porque implican “corrupción de funcionarios, y también violación a los derechos humanos”, a raíz de los sucesos derivados a las protestas sociales de diciembre del 2022.
Una de las principales investigadas por las protestas sociales de ese año es la presidenta Dina Boluarte, debido a los más de 49 fallecidos por enfrentamientos con las fuerzas del orden en esas movilizaciones.
El fiscal de la Nación también respondió en la audiencia pública convocada por la CIDH sobre la situación del Ministerio Público y sus impactos en los derechos humanos. Ello debido a que distintos representantes de la sociedad civil peruana denunciaron hostigamiento contra los fiscales que investigan casos de corrupción contra altos funcionarios, y los intentos de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Las solicitudes planteadas por la sociedad civil peruana en la audiencia fueron además que se realice un monitoreo al hostigamiento a los fiscales, que el Congreso detenga los juicios políticos contra los operadores de justicia, y que el Ministerio Público garantice la libertad de expresión de sus fiscales.
Una de la denuncias se refiere a una “criminalización” de fiscales probos para “generar restricciones a su labor”, y en este caso citó al fiscal coordinador del Equipo Especial que investiga el escándalo Lava Jato, Rafael Vela, que ha sido suspendido por 8 meses en el cargo, con la consecuente pérdida de su protección personal.
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