El Poder Judicial (PJ) evaluó ayer el requerimiento de 18 meses de prisión preventiva para la suspendida fiscal Elizabeth Peralta, implicada en el Caso “Chibolín”.
Durante la sesión, la fiscal suprema Alejandra María Cárdenas afirmó que no es cierto que Peralta tenga arraigo laboral, porque al encontrarse suspendida, no puede ejercer funciones. Además, señaló que en su billetera se encontraron anotaciones que le recordaban que debía borrar conversaciones y búsquedas de su celular.
Por su parte, la exfiscal Peralta sostuvo que “no se merecía ese maltrato”, en alusión a la presencia de los medios de comunicación cuando iba a declarar ante la Fiscalía.
“No sé por qué a la Fiscalía le gusta hacer espectáculo. Toda la información la filtran a la prensa. Pido que sean objetivos, no se me puede culpar”, apuntó.
El juez Saúl Peña Farfán deberá decidir si apoya el pedido de prisión. Si es así, la votación quedará 3-3 y se deberá llamar a un nuevo juez dirimente.
