Junta Nacional de Justicia en cuenta regresiva

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta una carrera contra el tiempo. Al interior del Parlamento la Comisión Permanente ya decidió que el 26 de febrero definirá en penúltima instancia la destitución e inhabilitación política por 10 años de todos los magistrados.

Fue la Oficialía Mayor del Parlamento, a cargo de Giovanni Forno, el que citó de forma individual a cada consejero de la JNJ para que se defienda -como corresponde- de las imputaciones contenidas en el informe acusatorio presentado por el ponente Esdras Medina (Unidad y Diálogo).

Allí concluyó -entre otras- que  el colegiado forzó la permanencia de Luz Inés Tello (78) en la institución a pesar de estar prohibida de ejercer funciones por superar los 75 años de edad permitidos, vulnerando los artículos 156 y 139 de la Constitución.

Si bien existe poca intención de la Junta en asistir a la sesión del lunes, fuentes de esa institución informaron a Correo que lo más probable es que los abogados Samuel Abad y Omar Cairo acudan al Parlamento Nacional como defensa de los magistrados.

TENDENCIA

Por lo pronto, ya habrían votos suficientes para aprobar el informe de Medina Minaya, dado a que el peso político del Bloque Democrático (derecha) supera al sector de izquierda que en las últimas semanas han ejercido una defensa en favor de de la JNJ.

Por ejemplo, Fuerza Popular, la primera mayoría del Congreso,  cuenta con seis integrantes; Alianza para el Progreso y Perú Libre, con cuatro cada bancada; Avanza País con tres miembros y Renovación Popular con dos. Acción Popular, con dos integrantes y Unidad y Diálogo con uno. Todos ellos votarían en respaldo al informe final de Medina, teniendo en cuenta la postura que tuvieron durante la votación del contenido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, declaraciones y otras similares sobre el referido caso.

En cambio, los que se opondrían a la acusación e inhabilitación serían Cambio Democrático, Podemos Perú, Perú Bicentenario y Somos Perú. Con ello, el resultado sería de 22 votos a favor frente a ocho en contra.

Es importante recordar que fue el pasado 15 de febrero en que la Subcomisión aprobó con 14 votos a favor, 4 en contra y con dos abstenciones el informe de Medina. Al inicio solo se planteaba la acusación, pero luego se adhirió la inhabilitación a los magistrados.

Ahora bien, de aprobarse el caso en la Permanente, el Consejo Directivo deberá decidir la fecha y hora del debate y votación en el pleno del Congreso.

Al ser un caso de inhabilitación política -de acuerdo con el Reglamento- la aprobación se adopta con la votación favorable de los dos tercios del nmúmero legal de miembros del Parlamento sin la presencia de los integrantes de la Permanente.

Asimismo, que al tratarse de varias personas involucradas en una sanción política, la  inhabilitación se deberá votar por separado por cada uno de los denunciados.

IMPUTACIÓN

La imagen de la Junta no solo fue afectada por el caso de Inés Tello, sino también por la renuncia de Henry Ávila quien, de acuerdo a fuentes de la JNJ, será reemplazado por el accesitario Abraham Siles Vallejos.

Fueron las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida Patricia Benavides, las que pusieron el dedo en la llaga al acusarlo de pedir favores a Félix Chero, exministro de Justicia de Pedro Castillo.

Según su testimonio, cuando Ávila era titular de la Junta llamó a Villanueva para que interceda ante Chero -entonces ministro de Justicia- y lo ayude con los votos del Ejecutivo a ser el nuevo presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción - CAN.

“Entonces, Pepe (Ávila) me llamó, pues como presidente de la Junta, a él le tocaba presidir la CAN y quería el voto del ministro (Chero), que el ministro hable para que primero se convoque a la CAN y para tener su voto y del Ejecutivo, pues, el Ejecutivo tiene dos votos. Yo tuve una reunión con él en la Junta. Eso se puede verificar porque mis ingresos deben estar ahí. Fue en el año 2022″, indicó.

Y así fue, el 5 de mayo de 2022 fue elegido como representante de la JNJ ante esa comisión que entre otros la integran los titulares del Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía, el premier y el ministro de Justicia.

Ávila en su renuncia negó todas las acusaciones del testimonio de Villanueva, pero ello no fue suficiente para impedir que la Procuraduría General del Estado pidiera a la Fiscalía abrirle una investigación preliminar y también a Félix Chero (ver ángulo).

Por su parte, Chero también ha negado los dichos.

Entre tanto, el exintegrante de la JNJ no es el único mencionado por el aspirante a colaborador eficaz. También lo fue Guillermo Thornberry.

En su testimonio, Villanueva afirmó que el contacto de Patricia Benavides en la JNJ era, precisamente, Thronberry. De acuerdo con su versión, la fiscal suspendida tenía información de lo que ocurría al interior del ente.

“Cuando (Patricia) fue fiscal de la Nación, Thronberry era el que le informaba a través de Garrido Lecca, el Africano, cómo iban sus procesos, qué es lo que se iba a hacer, si la JNJ iba a abrir o no investigación y ella mencionaba que participaba en las conversaciones que tenía Garrido Lecca con Thornberry, y Garrido Lecca ponía el altavoz y hablaba, coordinaba con Thornberry incluso”, dijo.