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El juez Víctor Zúñiga aceptó el pedido, del fiscal José Domingo Pérez, de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien había recuperado su libertad luego de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado como fundado el hábeas corpus que presentó su hermana Sachi Fujimori.
Los tres requisitos para la prisión preventiva se cumplen. Para el magistrado existen graves y fundados elementos de convicción de la investigada con los delitos imputados, obstaculización de la justicia y la eventual pena, en una futura sentencia, supera los cuatro años.
En la resolución del pedido fiscal, Zúñiga indicó que hay una sospecha grave sobre que Keiko incurrió en los actos de ocultamiento y conversión del dinero ilícito de Odebrecht, que ingresó a Fuerza 2011, y que como presidenta del partido político conoció las transferencias.
Asimismo, el juez estableció que existe sospecha grave de que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardía. Dicho estudio habría coaccionado a los testigos para que declaren ante la fiscalía haber aportado al partido, según las pesquisas.
En ese sentido, indicó que Keiko Fujimori no tiene arraigo laboral, por lo que se cumple otro presupuesto para su decisión.
El magistrado tomó en cuenta los testimonio de Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, Jorge Yoshiyama, Rolando Reátegui, Antonieta Gutiérrez Rosati (extesorera), y colaboradores eficaces. En total, más de 60 personas declararon ante el fiscal Pérez.
Nota previa
Fujimori es acusada de ser la cabeza de una presunta organización criminal que, valiéndose de su condición de presidenta de la agrupación política, habría recibido aportes ilícitos de la constructora Odebrecht para su campaña presidencial en el año 2011.
En febrero del 2018, el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, declaró en Sao Paulo, Brasil, ante fiscales peruanos, que autorizó entregar $1 millón 200 mil a la campaña de Keiko Fujimori.
Entregó $500 mil a Jaime Yoshiyama, $500 mil a Augusto Bedoya y $200 mil a Ricardo Briceño como apoyo, precisó entonces.
Anterior a ello, el presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, entregó a la justicia brasileña parte de su agenda telefónica y su teléfono celular.
Defensa. Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, dijo a Correo que la Fiscalía no tiene “ningún sustento” que acredite algún peligro de fuga u obstrucción al proceso por parte de su patrocinada.
“La libertad es la regla, la detención es la excepción. El fiscal no ha presentado sustento alguno de peligro de fuga, ni de obstrucción”, expresó.
La letrada dijo sentirse confiada en que se respetará el derecho a la libertad de Keiko Fujimori.
“Esperemos que no se cometa una injusticia. Ella puede enfrentar el proceso en libertad. Esperamos con fe que se respete el derecho a la libertad de Keiko”, enfatizó.
Caso Joaquín
Keiko Fujimori afronta un proceso por la supuesta entrega de $15 millones a Joaquín Ramírez, versión que dio el expiloto Jesús Vásquez a la Fiscalía.
