Keiko Fujimori vuelve a prisión después de dos meses
Keiko Fujimori vuelve a prisión después de dos meses

Escrito por Janet Leiva y Gabriel Mazzei

Sesenta días después de lograr su excarcelación a través de un fallo del Tribunal Constitucional (TC), volverá a prisión, esta vez por un plazo de 15 meses mientras prosigue el proceso penal en su contra por el caso Odebrecht.

Esta fue la decisión del juez Víctor Zúñiga Urday, quien declaró fundado el pedido de prisión preventiva que formuló el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, contra la lideresa de FP por la presunta comisión de seis delitos.

Los ilícitos imputados son lavado de activos agravado, organización criminal, obstrucción a la justicia, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

En la sala de audiencias de la Corte Penal Nacional, el magistrado resolvió la solicitud del fiscal tras evaluar en once audiencias los argumentos esgrimidos por Pérez y la abogada de Fujimori, Giulliana Loza Ávalos.

Es importante recordar que Pérez había solicitado al juez que se imponga el plazo de 18 meses y dos días de detención preventiva, al tomar en cuenta el tiempo que la investigada permaneció en prisión por primera vez (desde el 31 de octubre del 2018 al 29 de noviembre del 2019).

Zúñiga aclaró que, en estos quince meses de reclusión, la Fiscalía debe culminar con las etapas de este proceso penal a fin de establecer la responsabilidad de los hechos a través de una sentencia.

El plazo establecido por el juez es el siguiente: dos meses para culminar la investigación preparatoria, cinco para la etapa intermedia (control de acusación por parte del juez), y ocho para el juicio oral.

Cuando el juez estaba a poco tiempo de culminar con la lectura de su resolución, Keiko Fujimori llegó a la sede de la Corte Penal Nacional, a las cinco de la tarde. Zúñiga determinaba en ese momento que la investigada habría incurrido en los delitos imputados.

Tras la resolución, la lideresa de FP fue trasladada por la Policía a la carceleta del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay.

Allí deberá esperar mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el penal a donde Keiko Fujimori cumplirá el nuevo mandato de prisión preventiva.

Mientras tanto, la defensa legal de la investigada apeló al fallo de prisión preventiva y, por ley, tiene tres días para sustentar el recurso.

“No tengan la menor duda que vamos a acudir a todas las instancias nacionales e internacionales porque esto no tiene nombre. A Keiko Fujimori se le están negando todos los derechos”, dijo Loza al término de la audiencia.

SUSTENTO. En la lectura de resolución -que inició a las nueve de la mañana-, el juez Víctor Zúñiga estableció que se cumplieron los requisitos, de acuerdo a ley, para la imposición de la prisión preventiva.

En esa línea, el magistrado valoró los argumentos de la Fiscalía que utilizó en el primer pedido de la prisión preventiva, pero también los nuevos que constituyen, a juicio del magistrado, una “sospecha grave” en torno a que Keiko Fujimori podría obstaculizar las investigaciones actuales.

Según el juez, Keiko Fujimori en libertad representaría un peligro para la investigación de la Fiscalía, que cuenta con un cúmulo de testigos protegidos. Esta fue una razón de peso para que el juez Zúñiga dicte prisión preventiva, una medida que calificó como idónea, adecuada, necesaria y proporcional.

VÁLIDA. En otro momento, el magistrado indicó que, de acuerdo a los elementos presentados por la Fiscalía, hay “sospecha grave” de que la lideresa de Fuerza Popular recibió, convirtió y transfirió el dinero de Odebrecht que ingresó para el financiamiento de sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

En este punto, el juez valoró que Fujimori es imputada como lideresa de una organización criminal que se enquistó, de manera paralela, al interior del partido.

Este elemento de convicción se enlaza con otro indicio sobre el cúmulo de testigos que afirmó ante la Fiscalía haber sido coaccionado por abogados del Estudio Oré Guardia.

TESTIMONIOS. Para el juez, los testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki y Rolando Reátegui fueron determinantes para establecer “sospecha grave” de que ambos personajes “buscaron a personas para que digan haber aportado al partido” y que tales afirmaciones se encuentran corroboradas con otros documentos.

Son 66 personas que declararon a la fiscalía que Yoshiyama o Reátegui les pidieron firmar recibos de aportes al partido Fuerza 2011 o Fuerza Popular.

Asimismo, tomó en cuenta las declaraciones de los empresarios como Dionisio Romero, Vito Rodríguez y Juan Rasmuss Echecopar que señalaron haber aportado a Fuerza Popular, pese a que estos aportes no fueron declaradas por el partido ante las autoridades.

El magistrado también valoró las declaraciones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes afirmaron haber donado al partido la suma de un millón de dólares para el partido fujimorista y 200 mil dólares para la Confiep, en las elecciones presidenciales del 2011.

Carlos Caro: Resolución es débil en cuanto a peligro procesal

El abogado penalista Carlos Caro dijo a Correo que la resolución no está debidamente sustentada. “La Fiscalía tiene muchos elementos de juicio para llevar el caso a acusación y una condena. Pero lo que todavía no tiene la Fiscalía son sólidos elementos para una prisión preventiva”, indicó. Añadió que la resolución es débil en el peligro procesal.