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De los 14 procesos que afronta Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, por presunta corrupción, uno de ellos lo ha llevado a purgar prisión y lo inhabilitó para ejercer un cargo público.
Este caso tiene que ver con la obra para el mejoramiento del sistema de agua potable de La Oroya, provincia minera del departamento de Junín.
Respecto a este proceso, el Poder Judicial encontró responsable a Cerrón por haber favorecido al Consorcio Altiplano con un pago ilegal de 850 mil soles en el año 2011.
Pero, ¿cuál fue el hecho que hundió al hoy hombre fuerte del partido que disputa la segunda vuelta electoral?
ANTECEDENTES. En 2011, la ejecución de ese proyecto por 36′936,034.59 soles se detuvo. El consorcio argumentó la posibilidad de lluvias, de acuerdo con reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), por lo que pidió ampliar el plazo en tres oportunidades.
Es preciso mencionar que la advertencia de precipitaciones pluviales se planteó a modo de predicción. Así, el pedido de ampliación abarcaba el período de enero a junio de 2011.
En julio de ese año, el Gobierno Regional negó esta ampliación. La directiva interna N° 004-2009-GR-Junín, en el numeral 4.3.9, refirió que “las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo”.
Sin embargo, días después, el gerente de Infraestructura cambió de parecer y solicitó el pago de gastos generales para esta empresa por la ampliación de plazo, hecho que refrendó el entonces gerente general de la región Henry López.
“El monto de valorizaciones de gastos generales era de 333,164 soles y otros gastos adicionales por 579,312.65 soles”, señala la sentencia del Poder Judicial.
EL PEDIDO. En este punto, precisamente, es donde entra a tallar la mano de Vladimir Cerrón.
La obra era ejecutada gracias al Convenio Internacional Marco de Cooperación Técnico y Financiero y de Administración de Recurso con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
El acuerdo, en su octava cláusula, indicaba que todo gasto que estuviera fuera de él lo asumiría el gobierno regional. En este caso, el costo por las ampliaciones de plazo lo estaban.
Al parecer, Cerrón olvidó esta cláusula y, a pesar de que la OEI le había negado en una oportunidad el pago requerido, insistió enviando una carta.
La sentencia lo detalla de esta forma: “El acusado (Cerrón), mediante Carta N° 117-2011-GRJ/PR, insiste con el trámite y solicita nuevamente el pago de mayores gastos generales a favor del Consorcio Altiplano, todo ello con cargo a los saldos de las transferencias financieras, comprometiéndose el Gobierno Regional de Junín a tramitar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la asignación presupuestal adicional”.
Es decir, Cerrón comprometió presupuesto del Estado con tal de recibir fondos para pagar a dicha empresa. Ese fue el delito, según el Poder Judicial.
Por si fuera poco, el envío de dicha misiva no estaba dentro de las funciones ejecutivas que tenía Cerrón como autoridad regional.
La defensa legal del suspendido gobernador de Junín insiste en que su patrocinado envió la carta a la OEI porque existía una conciliación judicial que le daba la razón al Consorcio, que se debía cumplir.
Sin embargo, los procesos previos, como los informes que sustentaban las ampliaciones de plazo y los pagos, fueron observados por sus mismos funcionarios que luego “borraron con el codo lo que escribieron con la mano”.
Dichos funcionarios fueron contratados -nuevamente- apenas Vladimir Cerrón asumió el mando en su segunda gestión al frente del Gobierno Regional de Junín (GRJ) en enero de 2019.
FUGA. Luego de que el Poder Judicial dictara la sentencia de cuatro años y 8 meses de prisión efectiva, un año de inhabilitación y el pago de 850 mil soles de reparación civil, Cerrón la fuga, entregándose a la justicia recién el 22 de agosto de 2019.
En octubre de ese año, la Sala Penal Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios decidió, por mayoría, declarar infundado en parte el recurso de apelación presentado por Cerrón Rojas e infundado el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.
Además, confirmó la sentencia e inhabilitación del exgobernador y los demás imputados como autores del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible en agravio del Estado, así como el pago de la reparación civil de 850 mil soles en el plazo máximo de seis meses, de manera solidaria.
Sin embargo, la Sala revocó la pena de cuatro años y ocho meses de pena efectiva y la reformuló a cuatro años de prisión suspendida por el periodo de tres años para todos los sentenciados, con reglas de conducta como: prohibición de ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del juez, comparecer mensualmente al juzgado de ejecución correspondiente, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades y cumplir con el pago de reparación civil.
“Que atendiendo al principio de proporcionalidad descritos, así como la intensidad del ataque al bien jurídico, el grado de afectación y de vinculación de los procesados con el hecho punible realizado; atendiendo además la dignidad y circunstancias personales, además como los fines de la pena; debe revocarse la pena impuesta en la recurrida e imponerse cuatro años de pena privativa de libertad”, reza la sentencia del tribunal supremo.
Al día de hoy, el plazo de inhabilitación para ejercer cargos públicos se venció en el caso de Cerrón, pero su suspensión como médico de Essalud continúa.
En diversas entrevistas, el líder de Perú Libre ha señalado que el Poder Judicial se niega a levantarle dicha restricción.
A pesar de que en un ocasión la periodista Juliana Oxenford le mencionó a Pedro Castillo que la sentencia contra Cerrón era por el delito contra la administración pública -una modalidad de corrupción de funcionarios-, el candidato se negó a admitir la condena.
“Es sentenciado por la corrupción. Nosotros lo tenemos claro, él tiene un acto de apelación”, dijo Castillo.
No obstante, la apelación fue rechazada por la Corte Suprema de Justicia, en noviembre del año pasado.
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