Desde que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, cuestionó los resultados de los operativos en los que intervino la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la unidad policial se encuentra en el ojo de la tormenta.
A la auditoría que realizará la Contraloría General de la República al presupuesto asignado a la Diviac en los últimos años se le suma la reciente revelación de un agente de la mencionada unidad que habría intentado vender material a Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Dina Boluarte, para beneficiarlo en la investigación que tiene en la Fiscalía.
AUDITORÍA
El titular del Interior, Juan José Santiváñez, acudió el miércoles hasta la sede de la Contraloría para reunirse con el titular Nelson Shack.
La cita que duró un poco más de una hora fue para coordinar las acciones de auditoría general y concurrente sobre los fondos de inteligencia asignado a la Diviac y a otras unidades policiales.
Al respecto, el titular del Mininter dijo que no podía dar mayores detalles sobre el encuentro a los medios de comunicación. Sin embargo, confirmó que la Contraloría no solo hará una auditoría a la Diviac, sino también a otros órganos de inteligencia.
Cabe precisar que hace unos días el titular del Interior cuestionó que la Diviac haya recibido 72 millones de soles como presupuesto desde el 2019 al 2024, pero que no haya obtenido grandes resultados durante sus operativos.
A esto se le suma que la Contraloría detectó que en la Diviac hay documentos de pedido de recursos por aproximadamente 120 mil soles para labores de inteligencia que han sido firmados por dos personas distintas que figuraban en el mismo cargo.
Es decir, la auditoría del 2022 podría significar que existen sustentos duplicados.
Además, Juan José Santiváñez negó que haya conversado con la presidenta Boluarte sobre la posible eliminación de la Diviac.
“No es ninguna obsesión, yo creo que en realidad se está imputando equivocadamente de que existiría una intención de desactivar o desaparecer la Diviac”, afirmó.
En diálogo con canal N, consideró que se está lanzando un discurso con la intención de azuzar a la ciudadanía con la finalidad de “hacer creer que entrar a revisar las arcas o los fondos de la Diviac, es pretender desactivarla”.
GRAVE
Por otro lado, canal N reveló que Francisco Lázaro Morales, un suboficial de la Policía que trabaja en la Diviac dando soporte técnico a las computadoras y cámaras de vigilancia de la institución, intentó venderle información a Mateo Castañeda, abogado de la presidenta Boluarte, para ayudarlo en su caso.
De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, el agente del área administrativa de la Diviac buscó a Castañeda tres días después de su liberación. Ambos aparecen en la mesa de un restaurante conversando al menos por media hora, mientras que el suboficial le muestra videos al letrado.
La denuncia policial señala que “(el agente) mencionó que eran videos le iban a convenir (a Mateo Castañeda), para demostrar que todo está armado en el caso. Seguidamente el abogado preguntó lo que deseaba y este supuesto trabajador de la Diviac refirió tener un problema por pérdida de equipo el que tiene que reponer y su costo es de 63 mil soles”.
En el video que mostró el agente de la Diviac aparecería la fiscal superior Marita Barreto ingresando a las instalaciones con una bolsa de regalo que contenía una botella de licor, la misma que fue recibida por el coronel Harvey Colchado. Este último habría recibido a la fiscal con un abrazo efusivo y un beso de saludo en la mejilla.
DEFENSA
Para Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, la Diviac si ha obtenido buenos resultados en su labor.
“Nosotros trabajamos con todos los equipos policiales y también con Diviac, tenemos grandes casos que hemos hecho con la Diviac. Por supuesto que sí (ha dado resultados)”, afirmó en RPP.
Además, saludó que el ministro del Interior Santiváñez y el premier Gustavo Adrianzén hayan descartado desactivar la Diviac.
“Nosotros como fiscales respetamos totalmente las decisiones que tome el ministro del Interior. Nosotros trabajamos con nuestra Policía, hay 21 carpetas que la Diviac ha manifestado que no tenía presupuesto (para trabajar), pero es el tema de provincias”, apuntó.
Por su parte, Rubén Vargas, exjefe de la comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), dijo que el titular del Interior mintió al afirmar que la Diviac no realizó actividades en la lucha contra el narcotráfico.
“Claro, la dirección específica es la Dirandro, la Dirección Antidrogas, pero miente el ministro del Interior cuando desconoce a la Diviac, que tiene una base operativa en el Vraem, que provee de inteligencia, una de las mejores inteligencias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para hacer operaciones contra el narcoterrorismo”, señaló.
En diálogo con RPP, el también exministro del Interior precisó que cuando estuvo al frente de Devida, transfirió fondos para la Dirando y la Diviac, con el objetivo de que se realicen investigaciones.
Desde su punto de vista se ha iniciado una campaña de demolición contra la Diviac.
Un dato no menor es que el exministro Rubén Vargas informó que José Lázaro, agente de inteligencia de la Diviac, fue asesinado en el Vraem cuando cumplía su misión.
“En el Vraem tenemos narcoterrorismo. Gracias a la Diviac, las Fuerzas Armadas y la Policía se hicieron operaciones exitosas. Está claro que ahora el objetivo es ´asesinar´ a la Diviac”, apuntó.
Mientras que el coordinador especial del Equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba, expresó su preocupación por la situación actual que atraviesa la Diviac.
“Nosotros hemos trabajado activamente con la Diviac, damos fe y consecuencia de su profesionalismo, de su permanente grado de apoyo hacia el trabajo fiscal, porque es un trabajo que se realiza bajo compartimentajes técnicos, pero finalmente donde se necesita para estos casos de gran envergadura, de corrupción, una policía altamente especializada”, dijo.
En diálogo con canal N, señaló que su equipo pueden dar fe y testimonio del profesionalismo de la Diviac.
“Nos preocupa que pueda ser afectada a partir de intereses que puedan ser trasversales a la política”, apuntó.
