Impedir que el Perú sea asediado por los extorsionadores, sicarios, secuestradores y otros criminales que ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía, parece no ser el objetivo de los operadores de la justicia.
En los últimos meses, el país ha sido testigo de cómo la Fiscalía y el Poder Judicial (PJ) ordenaron la liberación de peligrosos malhechores que regresan a las calles para seguir cometiendo delitos.
De acuerdo con información revisada por Correo, en los últimos siete meses de los años 2023 y 2024, se han liberado al menos a 69 presuntos delincuentes que protagonizaron hechos repudiables. Sin embargo, para el sistema de justicia no existen pruebas para que cumplan una prisión preventiva.
CASOS
Francisco Mogollón Piña, alias ‘Maldito Frank’, fue detenido en febrero luego de ser acusado de participar en el secuestro y asesinato del empresario Machiavelli Laura en Santa Anita.
Durante el análisis del caso, dio positivo para plomo, antimonio y bario, elementos compatibles con residuos de disparo por arma de fuego.
El 15 de marzo, a pesar de los indicios, la jueza Roxana Castro negó el pedido de nueve meses de prisión preventiva bajo el argumento de que la Fiscalía solo sustentó la falta de arraigo y la gravedad de la pena, por lo que no existen elementos suficientes para dictar otra medida.
Sin embargo, la Autoridad Nacional de Control (ANC) del PJ no coincide con su postura, debido a que anunció el inicio de una investigación para esclarecer la presunta irregularidad funcional cometida por la magistrada.
Como este caso, hay otros más (ver infografía) y para muestra hay varios botones.
Hace dos días, la Fiscalía dispuso la liberación de tres hombres que fueron detenidos por presuntamente haber detonado un artefacto explosivo en una vivienda en la que exigían el pago de cupos de dinero.
El motivo: El Ministerio Público no logró contar con el aporte de las pericias para verificar si los explosivos que fueron utilizados para el acto criminal, estaban en estado de conservación y operatividad.
Este mes también se evidenció otra liberación que dejó un sinsabor en la ciudadanía.
Luego de un arduo trabajo policial se logró la captura de cinco personas que robaban celulares, rompían las claves de seguridad, ingresaban a las aplicaciones bancarias y vaciaban las cuentas.
Al menos 35 víctimas denunciaron esta modalidad, lo que permitió que la Policía realice un seguimiento e identifique a los implicados que tenían antecedentes policiales.
Según informó Latina Noticias, La Fiscalía solicitó ampliar la investigación por siete días por lo que pidió la detención de los detenidos. Sin embargo, la jueza Jessica Camacho otorgó la libertad de los delincuentes.
MÁS
El 8 de febrero, la Policía de Ica detuvo a tres colombianos que integrarían “Los Colochos del Sur”, banda criminal dedicada a extorsionar bajo la modalidad del préstamo “gota a gota”.
Entre sus pertenencias, los agentes encontraron una granada de guerra, cuadernos con datos de las personas a las que le realizaban los préstamos, droga, tarjetas de presentación, celulares y dos motocicletas.
Sin embargo, el fiscal Cristian Mendoza dispuso la liberación de los tres detenidos.
Un caso que también causó conmoción el año pasado fue la liberación de 28 extranjeros que fueron intervenidos en el denominado Búnker de Pachacámac, un lujoso inmueble en el que se encontraron armas de fuego, una granada, marihuana, cocaína y drogada sintética conocida como tusi.
Del grupo de 28 detenidos en noviembre de 2023, 21 fueron liberados a las pocas horas. Los siete restantes el 6 de diciembre. De ese grupo, la jueza Leny Zapata ordenó comparecencia con restricciones bajo reglas de conducta para seis y para uno de ellos comparecencia simple.
Al respecto, el PJ emitió un pronunciamiento en el que indicó que el requerimiento de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía solo consideró a siete detenidos.
Sin embargo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Angulo, solicitó a la ANC del PJ que intervenga y evalúe los actuados de la magistrada.
A este se le suma el caso de “Los elegantes de Áncash”, banda dedicada al tráfico de licencias de conducir, cuyos 27 integrantes fueron liberados luego de que el juez Miguel Dueñas declarara improcedente el pedido de 36 meses de prisión preventiva.
Durante la detención, la fiscal Ditccy Espinoza informó que disponían de 250 audios de comunicaciones telefónicas, 53 celulares y computadoras.
Al respecto, ayer la Primera Sala Penal de Apelaciones de Huaraz anuló la resolución y ordenó que tribunal superior resuelva nuevamente el pedido fiscal de 36 meses.
No son menos importantes los casos de Freddy Daniel Toro Acosta, presunto sicario del Tren de Aragua que fue liberado el año pasado.
Él cumplía prisión preventiva por un asesinato. Sin embargo, la jueza María del Carmen Lauya afirmó que declaró procedente un pedido de sobreseimiento (conclusión) del proceso seguido contra el imputado que presentó la Fiscalía.
Finalmente, está el caso del venezolano Jorge Zarraga de 31 años, presunto cómplice del “Maldito Cris”, quien recuperó su libertad por disposición de la Fiscalía.
Durante la detención policial, se le encontraron armas de fuego y drogas.
La institución alegó que no tener elementos de convicción para dictar una medida preventiva.
ANÁLISIS
Para el penalista Fernando Silva, existen una serie de elementos que permiten que muchos criminales regresen a las calles.
Un primer factor tiene que ver con el trabajo que realiza la Fiscalía, porque son los encargados de probar ante el juez que no se puede dar libertad a los investigados.
“Los fiscales tienen que tener el criterio suficiente para coordinar con la Policía y requerirle lo que necesita para que se acrediten los elementos que sustentan la prisión preventiva”, indicó.
En la misma línea, el experto se refirió al papel de los jueces durante el proceso.
“Toda resolución judicial debe estar motivada. Eso significa que para que el juez dicte prisión preventiva, el fiscal tiene que decir el por qué y en base a qué toma una decisión”, afirmó.
Silva consideró que los jueces deben darle una respuesta a la ciudadanía según las decisiones que toman.
Además del punto antes mencionado, el abogado indicó que el temor y la corrupción, son otros elementos que juegan a favor de los delincuentes que recuperan su libertad.
“Ahí hay una deficiencia (en los jueces) que no solamente puede ser por un tema de desconocimiento, sino también por un esquema de corrupción”, indicó.
Por otro lado, un dato no menor es que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) no sesiona desde el 25 de enero, es decir, hace casi dos meses.
El Conasec es un organismo encargado de formular, conducir y evaluar la política de seguridad ciudadana. Está integrado por el alcalde de Lima, el defensor del Pueblo, el fiscal de la Nación, un representante de la Corte Suprema de Justicia, presidentes regionales, el ministro del Interior, entre otros.
La última vez que sesionaron, la presidenta Dina Boluarte dijo “derrotaremos a la delincuencia”. Sin embargo, en poco o nada avanzó esa promesa.
