La Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que el Ministerio Público inicie diligencias preliminares contra el fiscal Rafael Vela Barba.
El motivo: El funcionario habría interferido ante el fiscal Richard Rojas para que no se formalice una investigación preparatoria hacia Dina Boluarte cuando era vicepresidenta de la República.
DETALLES
De acuerdo con el programa “Milagros Leiva, Entrevista”, la procuradora Yudith Villegas Espinoza solicitó el inicio de diligencias contra Vela Barba por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado, alternativamente, por patrocinio ilegal.
El documento se basa en un reporte periodístico del programa Punto Final difundido el 11 de febrero, en el que se informa de las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.
Villanueva relató que en octubre de 2022, el abogado Óscar Nieves, allegado a Dina Boluarte, le pidió que no la incluyan en la investigación sobre los aportes de campaña de Perú Libre.
“Rafael Vela ya me había comentado que eso estaba para formalizarse, y que iban a hacer, incluso, un pedido de prisión preventiva (...). Yo hablo con Vela y me indica que lo que va a decir al fiscal Richard Rojas era que desacumule la investigación de tal manera que formalice contra unos y la deja a ella en investigación preliminar”, declaró.
Para la PGE, existe una sospecha simple que el presunto compromiso por Vela Barba se cumplió, porque en noviembre de 2022 el fiscal Rojas dispone la formalización de la investigación contra una parte de los investigados como Vladimir Cerrón. Sin embargo, no fui incluida la hoy presidenta.
REGRESA
Por otro lado, ayer se conoció que el Poder Judicial (PJ) dispuso la reposición provisional de Rafael Vela en la coordinación del Equipo Especial para el caso Lava Jato y de la Fiscalía de Lavado de Activos.
Los magistrados Oswaldo Ordóñez, Andrés Tapia y Luciano Cueva otorgaron la medida cautelar al fiscal, quien se encontraba suspendido por 8 meses y 15 días por una decisión de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, por cuestionar en 2020 a los jueces que liberaron a la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
