A 18 meses de una operación solo denunciada a nivel de prensa, una voz autorizada y cercana a la presidenta Dina Boluarte confirmó lo que se informó: Que la jefa de Estado se ausentó de sus actividades oficiales para realizarse una operación en la nariz a mediados de 2023.
Fue el expremier Alberto Otárola, quien reapareció -tras 274 días de haber renunciado al cargo ministerial por contratar en el Estado a su expareja- para reconocer ante la opinión pública que siempre supo de la cirugía que se practicó Boluarte Zegarra en junio y julio del año pasado.
Su confesión la hizo ante el pleno de la Comisión de Fiscalización, a la que fue invitado, en principio, para responder por temas relacionados al operativo en la residencial Mikonos y por el supuesto pago a congresistas para blindar a Boluarte en denuncias constitucionales.
La cirugía de Boluarte generó una ola de reacciones políticas, desde quienes minimizaron el hecho hasta quienes la consideraron un causal de vacancia.
TESTIMONIO
Otárola dio datos específicos sobre la operación de la jefa de Estado. En principio, que esta existió, que la hizo ausentarse de actividades presenciales entre el 28 de junio y el 10 de julio, que fue una intervención en la nariz, pero que nunca vio ninguna certificación médica al respecto.
Así fue su testimonio: “La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo mucho menos las labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui en ese momento presidente del Consejo de Ministro”.
Cuando Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, insistió sobre el origen del problema que habría tenido la mandataria para someterse a esa operación quirúrgica, Otárola contestó que “me dijo que se iba a hacer una rinoplastía, una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración. Sí, yo sabía de la intervención”.
No obstante, el expremier negó que conociera cómo es que se pagó el procedimiento y aseguró que jamás tuvo comunicación con el equipo médico encargado de la operación.
Lo que sí dijo fue que Dina Boluarte se reincorporó luego de una semana y media a las sesiones del Consejo de Ministros.
Sobre su relación con el cirujano Mario Cabani -encargado de la intervención-, quien habría intentado establecer un aparente convenio entre su ONG con EsSalud, Otárola se limitó a decir que no tiene amistad con el médico.
En otro momento, indicó que no pudo ver ningún certificado médico escrito sobre la cirugía.
REPERCUSIONES
Tras la noticia, las reacciones no se hicieron esperar.
El legislador Carlos Zeballos afirmó que se está investigando una posible negligencia de la presidenta y la principal preocupación es que, según la Constitución, el Gobierno no debe quedar acéfalo, sobre todo cuando no existe un vicepresidente.
Insistió en que la presidencia debió comunicar el estado de salud de la mandataria al Congreso y que, al no haberlo hecho, configuraría una violación a la Constitución.
Por esos motivos, dijo que considerará presentar una moción de vacancia.
“Vamos a investigar, solicitar la documentación necesaria. De hallar las evidencias concretas, creo que habría una causal de vacancia”, afirmó.
En el lado opuesto, la congresista Patricia Juárez consideró que la cirugía no amerita una vacancia. Sostuvo que la Constitución no especifica que un presidente deba informar al Congreso sobre todas sus condiciones de salud o intervenciones médicas, salvo que impliquen incapacidad prolongada o permanente.
“Eso no te inhabilita para el ejercicio de la labor que tienes que hacer. ¿Hay alguna norma que diga que cualquier enfermedad la tienes que reportar Congreso’”, se preguntó.
Agregó que en el caso de la jefa de Estado, quien no tiene un vicepresidente, el que debe asumir temporalmente las funciones debe ser el premier.
Aseguró que se está generando una tormenta en un vaso con agua.
Entre tanto, Juan Burgos, titular de Fiscalización, opinó que hay vacíos en las declaraciones del expremier por lo cual propondrá la creación de una comisión investigadora que se encargará por 60 días de este tema.
Burgos estuvo de acuerdo con una eventual moción de vacancia presidencial.
ANÁLISIS
Consultado sobre el tema, el expresidente del TC Ernesto Álvarez Miranda consideró que una operación en la nariz no equivale a una infracción constitucional y menos por no haber alertado al Congreso.
“De esto sí sabía el presidente del Consejo de Ministros. Una rinoplastía no es una intervención riesgosa y menos que demande mucho tiempo de recuperación”, dijo.
Lo cometido por la presidenta no da para una moción de vacancia, aseguró.
“El peor error de ella es no explicar al público con las cámaras de todos los problemas que enfrenta y cómo los trata de solucionar. Le falta empatía”, aseveró.
Natale Amprimo coincidió con Álvarez y sostuvo que no hay horizonte para una vacancia.
“Este Congreso le consintió que como ministra tenga actividades particulares y además le aprobaron el llamado despacho remoto”, aseveró.
De igual modo, Ernesto Blume, abogado de la jefa de Estado en la demanda ante el TC por el allanamiento a su vivienda, indicó que desde su punto de vista no hay una infracción constitucional.
Sostuvo que la rinoplastía es una operación común y corriente que puede hacerse cualquiera y que eso no la incapacita para ejercer el cargo que ocupa.
“Acá tenemos un cúmulo de argumentos inconsistentes que tienen una orientación política y esta es la séptima vez que se intenta desestabilizar al gobierno y desestabilizar al país. Es un juego de los extremistas que nos quieren hacer caer en contradicciones”, afirmó.
Insistió en que todo este problema generado es fruto de quienes quieren sacar del cargo a Boluarte como los extremistas “subversibos, progresistas y caviares”.
