El Tribunal Federal de Curitiba (Brasil) ratificó la anulación de los procesos contra el empresario brasileño Marcelo Odebrecht vinculado al denominado caso Lava Jato. No obstante, Fernando Silva, abogado de Leo Pinheiro, estimó que ésta decisión no afectará los procesos en Perú.
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Un juez de la corte suprema de Brasil declaró en mayo último “la nulidad absoluta” de todos los actos judiciales realizados durante la operación anticorrupción Lava Jato contra Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora.
Fernando Silva, abogado de Leo Pinheiro, señaló que la decisión responde a una supuesta violación de los derechos fundamentales de Marcelo Odebrecht. “No quiere decir que ha sido declarado inocente, no quiere decir que no cometió delitos, simplemente lo que está ocurriendo es que se están anulando procesos que se llevaron en contra él. Y los está anulando la Corte Suprema. Es decir, volverían a foja cero. Sin duda alguna, los fiscales en su momento tratarán de continuar con los procesos y esos volverían a foja cero”, dijo a RPP.
Silva señala que como Marcelo Odebrecht es un testigo de muy pocos casos vinculados a Lava Jato en Perú, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Brasil no tendrá ninguna afectación importante en los casos que se siguen en el país.
“Creo que esto es una noticia más bien desde el punto de vista macro. Es decir, el caso Lava Jato en el Brasil viene sufriendo bastantes caídas, bastantes golpes por parte de los jueces supremos del Brasil. Entonces si nosotros reflejamos eso en el Perú es probable que alguna circunstancia así ocurra”, indicó.
Tribunal Federal
El magistrado José Antonio Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal, evaluó que funcionarios que participaron en Lava Jato ignoraron el “debido proceso” con el fin de “garantizar sus objetivos personales y políticos”, según la decisión. “Declaro la nulidad absoluta de todos los actos realizados en perjuicio del demandante en el ámbito de los procedimientos vinculados a la Operación Lava Jato”, señaló el magistrado.
La decisión deshace las actuaciones contra el empresario del ex juez federal Sergio Moro, quien desde su corte en Curitiba comandó esa operación anticorrupción que desveló una gigantesca red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en la petrolera estatal brasileña Petrobras.
De acuerdo a los medios locales, Toffoli respondió a un pedido de los abogados de Marcelo Odebrecht, que argumentaron que el caso del empresario era similar al de otros ejecutivos cuyos juicios fueron anulados por irregularidades.
En su decisión, el juez afirma que “ante el contenido de los frecuentes diálogos” entre Moro y el fiscal de Lava Jato “específicamente” sobre el empresario y las empresas que presidía, “resulta clara la mezcla de la función de acusación con la de juzgar, erosionando las bases del proceso penal democrático”.
Toffoli subrayó, no obstante, que la nulidad no incluye el acuerdo de colaboración firmado por Marcelo Odebrecht durante la investigación.
Se trata de la tercera decisión que revierte lo resuelto por Lava Jato. En enero, Toffoli suspendió el pago de multas equivalentes a 1.700 millones de dólares impuestas a Odebrecht por su responsabilidad en aquel esquema de corrupción.
Unos meses antes, en septiembre de 2023, anuló las pruebas provenientes de las confesiones de ejecutivos de Odebrecht que resultaron de un acuerdo de colaboración.
Odebrecht
Odebrecht fue la empresa más investigada por Lava Jato, que llevó a la cárcel a decenas de miembros de la élite política y empresarial de Brasil, entre ellos Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora fundada en 1944 en el estado nordestino de Bahía por su abuelo Norberto Odebrecht.
El empresario fue detenido en junio de 2015 y condenado a más de 19 años de cárcel. La pena fue reducida a 10 años tras colaborar con la justicia y desde diciembre de 2017 cumplió prisión domiciliaria. En 2022 fue reducida nuevamente a siete años, ya cumplidos.
El caso Odebrecht involucró a políticos y funcionarios de 12 países latinoamericanos -incluidos presidentes y expresidentes-, que recibieron cientos de millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos en el continente.
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