Cuando Rafael López Aliaga era candidato a la Alcaldía de Lima e incluso a la Presidencia, una de sus promesas más conocidas era la de “expropiar” los peajes que tiene a su cargo Rutas de Lima, en la que están como accionistas la empresa Odebrecht y su similar canadiense Brookfield.
No obstante, hoy, después de un largo periodo de amenazas de tomar por asalto esa concesión, retrocedió a cualquier promesa de campaña y ofrecimiento de acabar con ese cobro abusivo: Al salir de una actividad en el Congreso, señaló: “No voy a violar el marco jurídico (...). No voy a entrar a la bruta”.
Todo ello, pese a que había prometido que el 29 de julio tendría el control de todos los peajes de la capital.
Retroceso. López Aliaga detalló ayer que estuvo casi dos semanas reuniéndose con la concesionaria Rutas de Lima para que esta le devuelva al municipio los peajes tras el ilegal contrato que nació en la gestión de Susana Villarán.
“He estado casi dos semanas y media perdiendo mi tiempo con esta gente. No quería negociar, pero a pedido del ministro de Economía (Alex Contreras), me senté dos semanas con mucha paciencia”, dijo incómodo.
Aseguró que hizo dos propuestas para resolver todo el caos generado. El primero fue mover los peajes de Puente Piedra a Ancón, pero no tuvo éxito. Entonces, según su versión, planteó una suma de dinero como parte de la negociación para que se retiren.
“Pagamos para que se vayan... Le dijimos una cifra de acuerdo al flujo. (¿Cuál es la cifra?) No voy a decirla porque es una negociación”, agregó.
En todo momento fue abordado por la prensa para que respondiera por la cifra, pero el alcalde de Lima se negó a contestar. No obstante, luego de esa explicación advirtió que “si ellos no responden (a la negociación) hasta hoy (martes) tendré que dar más detalles”.
Al ser consultado sobre qué acciones tomará si se niegan de nuevo, respondió que habrá múltiples opciones. Fue allí en que aseguró que acudiría a instancias penales, constitucionales e incluso internacionales.
“Mire, el tema penal está muy avanzado. Hay un tema que es Domingo Arzubialde (exgerente de Promoción e Inversión Privada de la gestión de Villarán) que está sentenciado y preso por haber redactado los contratos corruptos. Entonces hay un tema penal que estamos avanzando”, afirmó.
INSTANCIAS.
De acuerdo con la lectura del burgomaestre, Arzubialde era brazo derecho de Villarán durante su gestión en el municipio limeño y al estar “preso”, servirá para que “el Poder Judicial peruano en el campo penal nos dé la administración de los peajes”.
Entre tanto, indicó: “En el ámbito constitucional, que es un gran ámbito, (sic) la misma población de Puente Piedra o Lurín está pidiendo que no se les cobre por entrar a su casa”.
De otro lado, refirió que de no responder a las negociaciones también formulará una denuncia ante la Bolsa de Valores de Nueva York y en Estados Unidos en contra de Brookfield, la mayor accionista de Rutas de Lima.
López Aliaga responsabilizó del problema actual a su antecesor en el cargo Jorge Muñoz y Villarán. Declaró que “es un problema heredado”.
“No voy a entrar a la bruta como dicen algunos periodistas. Voy a entrar con el marco jurídico peruano o el marco jurídico internacional, no se preocupen. Voy a cumplir la ley”, insistió.
LA RAÍZ
Susana Villarán -durante su gestión- firmó en enero de 2013 un contrato con la empresa brasileña Odebrecht para los peajes de Lima. Fue a espaldas de los regidores que en su momento no comulgaban con las acciones de la alcaldesa.
En junio de 2017, cuando ya se conocía la forma de operar de Odebrecht a través de coimas, esta vendió el 57% de la concesión vial Rutas de Lima al fondo canadiense Brookfield Asset Management. La firma brasileña se quedó con 25% de la operación y Sigma SAFI con el 18% restante.
En agosto de 2019, los ex superintendentes de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata (2001-2012) y Ricardo Boleira (2012-2017), declararon que pagaron $500 mi a Susana Villarán y $350 mil a José Miguel Castro por la concesión. Lo hicieron mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas -la oficina de pagos de coimas- y que a Villarán se le asignó el seudónimo de “Careca” y a Castro “Budian”.
ANÁLISIS.
“Quebrar un contrato por una rabieta solamente beneficia a Odebrecht”, opinó para Correo el economista y decano de Economía de la UPC, Carlos Adrianzén.En su opinión, el Estado peruano “debe actuar apegado a la ley” pues favorece al país que sufre los embates de la corrupción de Odebrecht.
Adrianzén confía en que “procediendo por los canales legales, inexorablemente, el dinero que van a pagar las empresas involucradas en corrupción es bien grande.
Cuanto más demore en ponerse de acuerdo, más plata va a sacar el Estado peruano porque es un contrato non sancto”.
El economista señala, con énfasis, que Odebrecht “es una empresa que, en términos de imagen, opacaría a Al Capone”.
“Cualquier país que cuestione un contrato fraguado en esas condiciones no está cometiendo un flagrante quiebre de un contrato santo. Es como defender un contrato que se ha celebrado quebrando la ley con una pistola”.
